El Consejero Presidencial, Francisco Barbosa explicó en la CPl los avances que se han adelantado en esta materia. 

Este viernes diversas organizaciones sociales de Colombia entregaron a la Corte Penal Internacional (CPI) un informe sobre asesinatos de líderes sociales.

En el documento, las entidades presentan sus argumentos para calificar los crímenes como "sistemáticos", aunque el gobierno de Colombia afirma que se trata de casos aislados.

El informe titulado “Asesinatos Sistemáticos de Líderes Sociales en Colombia 2019” analiza agresiones ocurridas en la etapa de posacuerdo, luego del Acuerdo de paz firmado en 2016 por el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc.

“[Coinciden] los patrones de sistematicidad del asesinato de personas con perfiles claramente identificables dentro de la categoría de defensores de derechos y en ejercicio del liderazgo social”, indica el informe.

Según cifras de la Defensoría del Pueblo reseñadas por el informe, se han registrado 30 asesinatos en lo que va corrido de 2019. “Cabe anotar que este no es un fenómeno nuevo en el país, habiendo estado documentado desde hace más de una década con un ascenso significativo y vertiginoso desde el año 2011, momento en el que entró en vigencia la Ley de Víctimas, la cual posibilita el reclamo, restitución de tierra y retorno de víctimas de despojo y desplazamiento forzado”, añade el informe de 27 páginas.

En la carta enviada a la CPI, las entidades pidieron que el tribunal considere el documento y empiece una conversación con el comité de la organización y así se pueda seguir documentando el caso.

Por otro lado, el fiscal Néstor Humberto Martínez, con el fin de entregar una mayor información sobre la situación de los líderes asesinados al país, envió una carta en la que explica los resultados obtenidos en la Estrategia para la investigación y judicialización de delitos contra defensores de derechos humanos, con el concurso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Entre esos está que, a la fecha, la Fiscalía ha logrado identificar al 57% de los autores de los asesinatos, es decir; 151 de 265. Así mismo se han logrado 29 sentencias condenatorias; 53 casos en juicio; 35 imputaciones de cargos y la emisión de 31 órdenes de captura por materializar. 

Y gracias a las investigaciones que ha adelantado el ente investigador, "se han podido identificar 382 indiciados, de los cuales 243 se encuentran ya capturados". 

Además puntualizó que "la eficacia de la justicia en la investigación de estos crímenes está corroborada por el hecho de que, la totalidad de las sentencias dictadas por los jueces de la jurisdicción ordinaria, e incluso los de la jurisdicción indígena, han sido condenatorias". 

Posición del Gobierno

El Consejero Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, Francisco Barbosa, y la Vicecanciller Adriana Mejía se reunieron este viernes en La Haya con el Vicefiscal de la Corte Penal Internacional, James Stewart, con el objetivo de reafirmar el compromiso del Gobierno del Presidente Iván Duque Márquez con la protección de líderes sociales y defensores.

En el encuentro se revisaron las directrices de protección de derechos humanos en Colombia, y se explicaron a profundidad los ejes del Plan de Acción Oportuna (PAO) para la protección de líderes sociales y defensores. La delegación del Gobierno nacional comunicó los avances frente a los mecanismos implementados para la captura de asesinos de líderes sociales. De igual manera, explicó la implementación de dicha estrategia en los territorios, la cual se materializa llevando la legalidad y el Estado de Derecho a estas zonas.

Con respecto a la implementación del Acuerdo de Paz se expresó que el Gobierno recibió al inicio de su periodo dos proyectos productivos, y a hoy ya se han formulado veintiuno. De igual forma, se recibieron Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) para dos regiones, y actualmente hay dieciséis formulados. También se abordaron las recientes visitas del Presidente Duque a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), que son una evidencia del aumento de presencia institucional del Estado en los territorios.

Finalmente, en la reunión se expusieron las seis objeciones frente a algunos artículos del proyecto de Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, que en nada afectan la implementación de la paz y la estabilización en Colombia.