Director del Cerac dijo no se puede hablar de que estos crímenes estén asociado al paramilitarismo. Sin embargo, sostuvo que hay resurgimiento de estos grupos en algunos lugares

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Luego del asesinato de Yamile Guerra, una líder social de Floridablanca, Santander, el tema del asesinato de líderes sociales volvió a la palestra pública.

Según la Defensoría del Pueblo, en Colombia 982 líderes sociales han sido amenazados entre abril de 2018 y el mismo mes de 2019. La entidad ha registrado desde el 1 de enero de 2016 al 30 de mayo de 2019, 482 líderes asesinados.

El director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), Jorge A. Restrepo, sostiene que las medidas tomadas por el Gobierno para proteger a los líderes sociales no han sido del todo efectivas, insiste en que el fenómeno de asesinato de líderes sociales es grave, pero advierte que en Colombia ha habido épocas de violencia política más fuerte.

EL NUEVO SIGLO: El Gobierno ha tomado acciones frente a la protección de líderes. ¿Son efectivas?

JORGE A. RESTREPO: En parte. El principal elemento de política ha sido el plan de acción oportuna que busca mejorar las capacidades de protección de la violencia contra los líderes sociales. Si bien hay otras medidas, pienso que esta es la más importante.

Sin embargo, hay dos elementos que preocupan. El primero es la articulación de este plan con instrumentos de política anteriores, algunos de los cuales vienen del acuerdo con las Farc, en particular la Comisión Nacional de Garantías y de Seguridad y la estrategia de lucha contra organizaciones sucesoras del paramilitarismo. Esos son instrumentos que pueden ser muy útiles para atacar organizaciones criminales, incluyendo las acciones de la Fiscalía General de la Nación y la Unidad que se creó en contra de esas organizaciones.

En segundo lugar, porque permiten la participación de la sociedad civil para mejorar las condiciones de seguridad y de protección de los líderes sociales. El Gobierno no debe desechar algunas de esas herramientas de política porque podrían ser útiles. Además, la necesidad de protección a quienes ejercen responsabilidades políticas no debe descansar únicamente en la Unidad Nacional de Protección.

Crímenes

ENS: ¿Por qué no han sido efectivas las medidas del Gobierno en el territorio?

JAR: No todos los días asesinan líderes sociales, pero sí demasiados días vemos que se presenta este fenómeno.

Las causas las debe señalar el aparato judicial, en especial la Policía y la Fiscalía. Creo que lo que uno puede señalar desde la academia es que se han presentado varias tendencias: una mayor visibilidad e incluso una aceleración después de la terminación de la confrontación con las Farc; en segundo lugar, una reducción reciente; y en tercer lugar se puede decir que cuando se acerca el periodo electoral usualmente se presenta un aumento de la violencia política asociada a la violencia electoral.

Creo que lo que uno puede decir es que en la zona donde hay mayor violencia contra líderes sociales es donde hay disputas entre grupos criminales involucrados en la minería ilegal, el crimen organizado y el tráfico de drogas.

ENS: ¿Existe una definición de líder social? ¿A quiénes podemos definir como tal?

JAR: No existe esa definición. Más allá de la definición estamos ante un fenómeno de violencia política no asociada al conflicto armado.

Lo que tienen en común los dirigentes campesinos, los trabajadores organizados, los líderes sindicales, los defensores de derechos humanos, los reclamantes de tierras, los que están en procesos de reincorporación es una connotación política en la sociedad.

ENS: ¿Hasta qué punto es tan amplia la definición de lo que es un líder social, que ello mismo impide al Estado tener una estrategia puntual para protegerlos?

JAR: Uno podría tomar una definición más amplia: persona en riesgo, comunidad en riesgo o persona de interés para la protección. Cuando hay esa definición no son todos los habitantes del territorio quienes están en riesgo ni a quienes nos interesa proteger por su papel político en la sociedad colombiana.

ENS: ¿Antes del acuerdo de paz con las Farc había más o menos asesinatos de líderes sociales?

JAR: Había más. Depende, claro, del periodo de análisis. Pero Colombia tuvo épocas en las que la violencia política destruyó por completo el tejido político del país.

Me refiero a dos en particular: la época donde fueron asesinadas centenares de personas pertenecientes a la UP y al Partido Liberal a finales de los 80 y comienzos de los 90; y más recientemente durante el auge del paramilitarismo de 1997 hasta el 2005, donde los niveles de violencia política eran insospechados.

Pese a la crítica situación que hoy en día existe no alcanzan a ser una fracción de lo que ocurrió en ese entonces. Este no es un fenómeno nuevo.

Paramilitarismo

ENS: ¿Podemos hablar de un resurgimiento de los grupos paramilitares como lo han señalado algunas organizaciones sociales que comparan el fenómeno con lo sucedido con la UP?

JAR: No. El paramilitarismo de finales de los 80 y hasta el 2005 es un fenómeno muy diferente. Lo que ocurre hoy en día es que hay organizaciones criminales que ejercen formas de violencia con un impacto político enorme, uno no podría caracterizar a esas organizaciones como paramilitares. Lo que no quiere decir que no estén resurgiendo en algunas regiones como las que se ven en el norte de Antioquia, en el sur de Bolívar y en algunas otras zonas del país.

ENS: ¿Se está politizando un asunto tan grave?

JAR: Hay un activismo político dirigido a la protección del trabajo comunitario y de estas nuevas formas de política. Al terminarse el conflicto con las Farc se revolvió el panorama político del país, surgieron nuevas oportunidades de activismo político y nuevas disputas entre grupos de crimen organizado que ven a ese activismo opuesto a sus intereses criminales.

Sin lugar a dudas lo que aquí ocurre es que quienes ganan con un acuerdo de paz exitoso, como el alcanzado con las Farc, son quienes hacen política a nivel local y quienes pierden son los criminales organizados.

Esa situación terminó llevando la violencia de la criminalidad organizada a los líderes políticos que se oponen a que en sus territorios se consolide el crimen organizado.