Para este viernes fue citado por la Fiscalía al exconsejero presidencial de Estabilización y Consolidación, Emilio Archila,  para que amplíe la denuncia que presentó sobre supuestas irregularidades en el manejo de recursos del OCAD-Paz, los cuales deben ser invertidos en 170 de los municipios más afectados por el conflicto armado.

La diligencia se da en el marco del escándalo que estalló en los últimos días, por un informe periodístico acerca de ‘mordidas’ que habrían cobrado funcionarios de distintas entidades a algunos alcaldes para que les aprobaran proyectos que buscaban ser financiados con estos dineros.

La Fiscalía en un comunicado explicó que “en el marco de la recolección de material probatorio, y dado que el señor Emilio José Archila, exconsejero presidencial de Estabilización y Consolidación, señaló que había remitido la denuncia de un subalterno suyo acerca de las presuntas irregularidades en el manejo de los recursos para la paz, será citado para el próximo viernes 8 de julio para que entregue la información que tenga al respecto”.

Agregó el organismo que “ha revisado las denuncias relacionadas” con presuntos hechos de corrupción que se habrían presentado en el manejo de recursos de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD) Paz, y “encontró varias noticias criminales que fueron interpuestas en la Seccional Bogotá”.

Explicó la Fiscalía que sobre estas noticias se vienen realizando acciones de policía judicial y de recolección de material probatorio, “evidenciando dificultades porque ninguna persona ha dado testimonio directo sobre las presuntas irregularidades. El proceso recibirá una asignación especial y se conexarán los casos para darle mayor agilidad a las labores investigativas y tener una visión integral del caso”.

La denuncia que hace meses puso en conocimiento de la Fiscalía el entonces comisionado Archila, tiene que ver con unos correos que le llegaron en marzo de 2021, en donde le informaban sobre  hechos de corrupción que se estarían presentando con los recursos del OCAD-Paz.

Un informe de Blu Radio puso al descubierto posibles irregularidades en la aprobación de recursos del OCAD Paz para financiar obras de desarrollo en los municipios PDET (Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial). 

Según lo que se ha conocido, algunos funcionarios del Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Contraloría General y varios congresistas habrían generado un entramado de corrupción para cobrar ‘mordidas’ a los alcaldes, con el fin de ayudar a que los proyectos de desarrollo tuvieran la oportunidad de ser aprobados por parte de la Secretaría Técnica del OCAD-Paz. 

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Las denuncias presentadas revelan que los involucrados cobraban comisiones entre el 5% y el 12% por realizar esta intermediación.

De acuerdo con los hallazgos encontrados, se afirmó que los presuntos responsables se apropiaron aproximadamente de $500 mil millones en coimas de las regalías que estaban destinadas para implementar el Acuerdo de Paz en los territorios más pobres y que en mayor medida fueron afectados en el conflicto.

El OCAD-Paz entregó $4,4 billones en el 2021 para los municipios PDET; sin embargo, el criterio de asignación habría estado mediado por coimas para algunos funcionarios que podían incidir en el proceso de visibilización, como lo denunciaron de forma anónima al menos 20 alcaldes.

Debido a la situación presentada, la directora general del DNP, Alejandra Botero Barco, reafirmó su compromiso con la transparencia y recordó que, desde su llegada a la dirección de la entidad, en agosto del 2021, su objetivo ha sido impulsarla, implementado diversas acciones en el manejo de las regalías encaminadas a generar mayor transparencia en el proceso de verificación y validación técnica de los proyectos de inversión.

Archila salva responsabilidad 

La Secretaría Técnica del OCAD-Paz estaba integrada por el entonces comisionado Archila, un delegado de los gobernadores y uno en representación de los alcaldes de los municipios PDET.

Archila ha señalado esta semana que “respecto de ese y todos los temas a mi cargo, durante todo mi ejercicio invité públicamente, por muchos medios, muchas veces, a todos, a denunciar cualquier acto de corrupción o cualquier irregularidad en los procesos para asegurar principios claros y transparentes”.

Destacó el excomisionado que “nótese que mis funciones eran en esa instancia posterior, a la que, por lo tanto, no habrían llegado nunca los proyectos sujetos al ‘peaje’. Y, en la instancia decisoria nunca distinguí entre proyectos, voté favorablemente todos, 100% de los que sí se nos pusieron a consideración y cumplían con los requisitos”.