Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno de Bogotá, fue claro al afirmar que las acusaciones en su contra (esta semana sostuvo una pelea con la concejal del partido Cambio Radical, Carolina Arbeláez quien en efecto hizo una serie de acusaciones en su contra), fueron una estrategia para desviar una serie de investigaciones.

“Los ataques de las últimas semanas por parte de clanes políticos tradicionales buscan desviar la atención y evitar que las investigaciones avancen. No vamos a dudar un instante en llegar hasta las últimas consecuencias. Para saber qué clanes políticos se encuentran detrás de estas serias irregularidades solicitamos a la Unidad de Investigación y Análisis Financiero- UIAF, la Fiscalía, a la Superintendencia de Industria y Comercio, la Contraloría y otros organismos de control, la investigación y celeridad en estos casos”, manifestó el Secretario de Gobierno.

Aunque el secretario posteriormente trinó: “no nos referimos a ningún partido ni a ninguna persona en particular”, aunque hizo uso de la misma expresión que uso para referirse a la cabildante y a su esposo (que de acuerdo con él hacen parte del clan de Julio Acosta), tuvo una respuesta por parte de la concejala Arbeláez.

Ella le respondió a Gómez que las irregularidades que él investigó eran “refritos”, pues las concejalas verdes, Lucía Bastidas, María Fernanda Rojas y Rubén Torrado (La U), ya habían pedido una investigación a los entes de control. “Esta es una mezquina forma de eludir su responsabilidad, lo invito a que las denuncias las haga con pruebas”, precisando que sus denuncias están sustentadas en estas mismas.

Las denuncias

Ayer el secretario Distrital de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, arrancó diciendo qué en manos de dos personas, claramente relacionadas, está concentrada la contratación de los Fondos de Desarrollo Local para la prestación de bienes y servicios relacionados con cultura, recreación y deporte.

Así, del 2010 al 2019 al señor Carlos Alberto Pinzón Molina y a la señora Viviana Carolina Melo Díaz, en ocasiones como personas naturales y en otras como empresas asociadas o uniones temporales, se les adjudicaron 222 contratos en las alcaldías locales, por un total de $50.049 millones.

“No entendemos por qué después de las denuncias que hiciera la concejal María Fernanda Rojas sobre la acumulación de contratos no pasó nada y se siguieron ganando los contratos. Qué sectores políticos en Bogotá impidieron que la pasada administración actuara? En esta administración no vamos a permitir que el 50% de los presupuestos participativos caigan en manos de estas cuestionadas redes”, precisó ayer el secretario.

Alcaldía de Fontibón

En una segunda medida, la Secretaría de Gobierno evidenció irregularidades en la celebración de un contrato interadministrativo de la Alcaldía Local de Fontibón, suscrito el 30 de diciembre de 2019, entre la alcaldesa saliente, Jhoanna Paola Bocanegra y el Sistema Universitario del Eje Cafetero Sueje, para adelantar obras de la malla vial y en la plaza fundacional de Fontibón, el cual debía adelantarse por licitación pública.

Pese a la advertencia por parte de la Veeduría Distrital de no adelantar por esa vía el contrato y de las alertas de la Oficina de Control Interno de la Secretaría de Gobierno, se firmó por un valor de $19.900 millones y se pactó un primer pago del 50% del valor total del contrato por casi $10.000 millones, en contra entrega solo de un plan operativo de trabajo y un cronograma.

Ante este hecho y a fin de evitar un posible detrimento patrimonial, la actual administración suspendió ese primer pago pactado y autorizado por la exalcaldesa de Fontibón correspondiente a $9.950 millones. Así mismo, se está analizando jurídicamente la posibilidad de suspender o terminar el contrato, a fin de evitar un detrimento patrimonial y perjuicios para la entidad.

“Cuando llegamos a la secretaría encontramos varias alcaldías locales entregadas y controladas completamente por clanes políticos tradicionales de Bogotá. Decidimos hacer cambios de alcaldes en siete localidades para poder indagar a fondo lo que estaba pasando. Desde ese momento, los ataques de los sectores políticos tradicionales no se hicieron esperar. Nos encontramos no solo con redes clientelares sino con algo mucho más grave que hoy estamos poniendo en conocimiento público y de todas las autoridades”, precisó ayer el Secretario.