EL NUEVO SIGLO: ¿Cuál es la petición de la SAC a las autoridades?

JORGE BEDOYA: Aquí muchos sectores de la producción nacional, en especial de Cauca y Nariño, tuvieron serias afectaciones económicas por las vías de hecho durante un mes de la Minga indígena. Más allá de las ayudas que anunció el Gobierno, quienes deberían responder por esas pérdidas económicas son quienes promovieron y organizaron las vías de hecho y los bloqueos.

Nosotros estamos evaluando una acción jurídica para que esto no quede simplemente en que fueron vías de hecho para bloquear la Panamericana sin que nadie responda por las pérdidas económicas de los productores.

Hay figuras que estamos evaluando, como la responsabilidad civil extracontractual, y le pedimos a la Fiscalía General que adelante de manera muy ágil y con todo rigor la investigación penal contra los organizadores y los responsables de materializar las vías de hecho: bloqueos, el asesinato de un policía, las agresiones contra funcionarios de la Defensoría, el secuestro de un uniformado.

ENS: ¿Contra quién o quiénes irán encaminadas estas acciones?

JB: Pues las autoridades tienen que establecer quiénes son los responsables de que se hayan cometido delitos como restricción de la movilidad, el acceso a alimentos y medicamentos, de combustibles, del transporte, entre muchas otras acciones. Todos sabemos que no fue una protesta pacífica sino que derivó en hechos criminales muy graves.

ENS: ¿Es la primera vez que se hace este tipo de peticiones?

JB: En ocasiones anteriores, en paros de otra índole, siempre quienes hacen los bloqueos solicitan una mesa de garantías de derechos humanos y en algunos casos piden que no se adelanten medidas de judicialización. Pero aquí lo claro es que sí se violaron las normas legales, sí se dieron las vías de hecho, sí sucedió todo lo que hemos dicho, y por eso consideramos que no puede haber ningún grado de impunidad. Mal haría el Gobierno y particularmente la Fiscalía en la no judicialización de esas conductas cuando constituyen delitos y que deben ser investigados y sancionados.

ENS: ¿La reparación económica es solo para los agricultores o para todos los sectores que se vieron afectados por la Minga?

JB: Pues nosotros respondemos por los agricultores de Colombia, pero habrá que ver si algunos otros sectores de la producción están interesados en explorar ese camino. Yo entiendo que el Comité Intergremial del Cauca y Nariño está evaluando los daños económicos que no se van a reparar con las ayudas que ofreció el Gobierno, aunque de manera muy oportuna: esos son alivios tributarios y créditos, pero aquí hubo un daño impresionante. Las pérdidas económicas de los transportadores, de los comerciantes, de los exportadores, de todos los sectores son multimillonarias, y quién va a responder. Aquí se debe sentar un precedente histórico: alguien tiene que responder.

ENS: ¿Cuál fue la magnitud de las pérdidas económicas del sector agropecuario?

JB: Nosotros tuvimos pérdidas en el sector de la papa, porque unas 40.000 toneladas no pudieron ser llevadas a los centros de consumo. También tuvimos problemas en aguacates, en fresas, en hortalizas, las pérdidas solo de los lecheros superan los $6.000 millones, también en avicultura y piscicultura, en fin. Sumados todos los sectores, las pérdidas económicas superan los $80.000 millones.

ENS: ¿Han hablado de este tema con el Gobierno?

JB: Sí, nosotros hemos hablado con el Gobierno, le hemos manifestado al presidente Duque nuestras preocupaciones y la importancia de que aquí no haya impunidad, de que evidentemente las entidades responsables, la Fiscalía, logren judicializar y llevar ante la justicia a los responsables de todas estas pérdidas.