La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 023 de 2022 para que el Estado adelante todas las acciones que garanticen la protección a los derechos humanos de las comunidades de cinco municipios del nordeste antioqueño: Amalfi, Anorí, Remedios, Segovia y Vegachí.
El Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo encontró que varios grupos armados ilegales (ELN, disidencias de las FARC y AGC-Clan del Golfo) se disputan el control territorial de la zona y el manejo de actividades ilegales, además de corredores de movilidad y el control de actividades de minería.
La Alerta Temprana 023-2022determinó que el riesgo proviene del accionar de grupos armados ilegales y del crimen organizado, así como de profundas vulnerabilidades sociales y una limitada capacidad de protección institucional y social.
“Existe un alto riesgo de violaciones a los derechos humanos contra líderes y lideresas sociales, firmantes del Acuerdo de Paz y sus familias y defensores de derechos humanos. También hemos encontrado el incremento homicidios, reclutamiento forzado en contra de niñas, niños y adolescentes y enfrentamientos en los que la población civil queda en medio”, señaló el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
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Un dato que preocupa es el incremento de homicidios, mientras en todo el 2020 se presentaron 139 asesinatos, en 2021 la cifra subió a 147, en los primeros cinco meses del 2022 ya se presentaron 81 homicidios. A esto se suma que los delitos de amenaza y desplazamiento forzado son las conductas que más afectan a la población de los cinco municipios.
“Con un enfoque de seguridad humana, basado en la protección de las comunidades, desde la Defensoría del Pueblo hemos presentado al Gobierno 34 recomendaciones en las que se pide de manera inmediata la disuasión del contexto de amenaza y que se tomen medidas de prevención y de protección para la población civil”, recalcó el Defensor del Pueblo.
El Defensor del Pueblo reiteró también la importancia de que el Ministerio Defensa y los cuerpos que integran la fuerza pública se abstengan de justificar sus acciones en la existencia de la alerta, pues ello desconocería su alcance humanitario y preventivo basado en derechos.
En el marco de la presentación de la alerta, los días 3 y 4 de septiembre pasados un equipo de la Regional Antioquia realizó una jornada humanitaria de verificación de derechos en el corregimiento de Carrizal, municipio de Segovia. Allí escuchó las quejas por el alto riesgo de vulneraciones que enfrentan la comunidad y líderes y lideresas de organizaciones civiles, comunitarias y campesinas.