La Canciller hizo una serie de críticas al informe que fue presentado hoy por el relator Forst en Ginebra

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Varias objeciones hizo la representación de Colombia presente en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra (Suiza) al informe que presentó el relator especial Michel Forst, relativo a su visita al país del 20 de noviembre al 3 de diciembre de 2018. La delegación encabezada por el embajador Guillermo Fernández de Soto calificó como inadmisible la supuesta criminalización estatal que se dice de los defensores de los derechos, pues “desconoce nuestras garantías y ordenamientos constitucionales y legales en procesos administrativos y judiciales”.

De igual forma Colombia, indicó la canciller Claudia Blum, quien rechazó “las versiones sobre empresas estatales y privadas que presuntamente intimidan, criminalizan o estigmatizan a defensores y la supuesta connivencia de cuerpos de seguridad estatales con grupos ilegales, afirmaciones graves que se lanzan sin sustento en investigaciones verificadas”.

Agregó Blum que también contradicen “las conclusiones sobre la supuesta falta de determinación política y de asignación de fondos para implementar el Acuerdo de 2016, que desconocen de plano los logros reconocidos por otros órganos de la ONU en la política de Paz con Legalidad y en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial”.

También, Colombia presentó objeciones por las supuestas restricciones estatales a la libertad de expresión, la reunión pacífica y a las consultas previas, que “se mencionan ignorando garantías constitucionales colombianas destacadas internacionalmente”, indicó la canciller Blum.

De igual forma, fueron replicadas “las consideraciones sobre nuestro modelo de desarrollo que reflejan opiniones políticas subjetivas ajenas al mandato del relator”.

La Cancillería manifestó que Colombia reconoce el papel de la ONU en la promoción de los derechos humanos, pero “es importante enfatizar en la necesidad de que los relatores cumplan su importante función en línea con el Código de Conducta adoptado por el Consejo de Derechos Humanos”, que les exige al menos establecer hechos sobre la base de información objetiva y fidedigna, de fuentes contrastadas debidamente, y segundo, tener en cuenta de forma íntegra y oportuna la información proporcionada por el Estado.

Agregó el  Ministerio de Relaciones Exteriores que “Colombia seguirá trabajando, con la valiosa cooperación de las Naciones Unidas, en las políticas de prevención de riesgos y amenazas que afectan a los defensores, así como, en medidas de protección cada vez más eficaces y en el fortalecimiento de las autoridades judiciales para seguir reduciendo la impunidad”.

La semana pasada el Gobierno nacional también rechazó varios aspectos del informe de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, el cual indicó, entre otras, que en 2019 hubo “continuas violaciones, entre las que se encuentran masacres (36, la cifra más alta desde 2014 en el país) y decenas de asesinatos de líderes sociales”.

El informe del Relator

Michel Forst concluyó en su informe conocido ayer que  “Colombia sigue siendo el país con el mayor número de personas defensoras asesinadas en América Latina y las amenazas en su contra se han disparado, en un contexto de altos índices de impunidad, pese a avances en esta materia”.

Agregó que "la gran mayoría de las personas defensoras de los derechos humanos están en peligro y su riesgo ha aumentado en los últimos tres años desde la firma del acuerdo de paz”.

Dice también el informe que “las personas defensoras en mayor riesgo son los líderes y lideresas sociales, que defienden los derechos humanos en zonas rurales, en particular el acuerdo de paz, la tierra, los derechos de los pueblos étnicos y el medio ambiente; frente a los intereses de grupos criminales, grupos armados e ilegales y, frente a los intereses de actores estatales y no estatales como empresas nacionales e internacionales y otros grupos de poder”.

No obstante, el informe destaca “el Relator Especial ha podido constatar la voluntad política y las iniciativas del Gobierno para crear un entorno seguro y adecuado para la defensa de los derechos humanos en Colombia”.

Por su parte el defensor del Pueblo, Carlos Negret, presente en la entrega de este informe, indicó “quisiera hacer un reconocimiento al Estado colombiano por haber invitado al Relator Especial sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos a realizar la visita oficial que fundamenta el informe que se presenta. Es un gesto coherente con el compromiso que históricamente el Estado ha asumido por los derechos humanos”.

De igual manera, agradeció al relator Forst por “haber asumido esta visita con la máxima disposición para escuchar a todos los sectores del Gobierno, justicia, órganos de control y sociedad civil para hacer una  valoración ponderada y justa con la realidad”.