A TRAVÉS de giros directos, 1,3 billones de pesos fueron destinados por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) a Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y a proveedores de servicios de EPS Sanitas y Nueva EPS.
Específicamente, más de 1 billón de pesos fueron pagados a entidades de salud relacionadas a la Nueva EPS, mientras que más de 248.000 millones a entidades que guardan nexos con EPS Sanitas.
“Para recibir estos recursos no se necesitan intermediarios, debido a que la relación en este proceso solamente está dada entre la Adres, el ordenador del pago (Entidades Promotoras de Salud-EPS) y las instituciones que reciben el giro (IPS y proveedores). No caigan en manos de personas inescrupulosas”, dijo César Jiménez Valencia, director(e) de la Adres, a las IPS que reciben giro directo.
Por mandato de pago de los interventores de Nueva EPS y EPS Sanitas, 1.900 IPS y proveedores de servicios en salud de los regímenes subsidiado y contributivo recibieron recursos en abril por giro directo.
Para el régimen contributivo, la Nueva EPS presentó mandatos de pago por más de $425.000 millones y la EPS Sanitas lo hizo por alrededor de $101.000 millones.
Además, para el subsidiado se ordenaron giros por más de $655.000 millones por parte de Nueva EPS y más de $146.000 millones por parte de EPS Sanitas.
Esta medida se da luego de que el Gobierno nacional firmara el Decreto 489 de 2024, que formaliza el giro directo de recursos económicos del Estado a las Empresas Promotoras de Salud (EPS) en el régimen contributivo.
Respaldada por los ministros de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y de Hacienda, Ricardo Bonilla, esta acción busca mejorar la eficiencia y transparencia en la distribución de recursos en el sector.
Admiten demandas
También se supo que tres demandas contra la intervención contra EPS Sanitas fueron admitidas ayer por el Consejo de Estado. Esta acción judicial fue presentada con el argumento de que hubo vulneración en cuanto a los procedimientos, desviación de poder, falsa motivación y vulneración a la confianza legítima.
Las demandas que fueron admitidas, y que ahora se convertirán en objeto de estudio en el Consejo de Estado, fueron las que presentaron el paciente de Sanitas, César Pizarro; el partido político Cambio Radical y el exministro de Justicia, Wilson Ruiz.
Fue a principios de abril cuando Cambio Radical interpuso la demanda contra la medida del Gobierno. Para ese entonces, el director de la organización política, Germán Córdoba, dijo: “Como oposición estamos tomando cartas en el asunto, no podemos dejar que se imponga, a las malas, el modelo de estatización del sistema en donde está en grave peligro la atención en salud de millones de colombianos. ¡No permitiremos que se siga actuando con este nivel de arbitrariedad y se pase por encima de la separación de poderes en perjuicio de los ciudadanos!”.
Como se sabe, el pasado 2 de abril, el Ejecutivo, a través de la Superintendencia de Salud, ordenó la intervención forzosa administrativa de la EPS Sanitas que cuenta hoy con más de 5.780.082 pacientes.
Esta acción fue motivada a un presunto incumplimiento de los requisitos financieros de habilitación, entre otros factores analizados en el comité de medidas especiales desarrollado internamente en la Superintendencia.
Un día después, llegó el turno a Nueva EPS. Esta entidad fue intervenida por Supersalud, generando controversias en el país, tiene más de 11 millones de afiliados, distribuidos en 4,7 millones al plan contributivo y 6,1 millones al subsidiado.
En menos de 10 días, otra EPS fue intervenida por el Ejecutivo. Se trata de SOS, entidad con más de 700.000 afiliados.
Estas medidas generaron un alud de críticas entre sectores políticos como en gremios de la salud, que aseguraron que el Gobierno busca destruir el sistema.