La Fiscalía General, a través de la Dirección de Justicia Transicional, profirió resolución de acusación en contra de Bayron Alfredo Jiménez Castañeda, alias Gordo Pepe; Cecilio Moreno Arroyo y Luis Carlos Legarda Ruiz, como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado, invasión de áreas de especial importancia ecológica.

En igual sentido, la Fiscalía profirió resolución de acusación en contra de Víctor Eduardo Nicholl Correa y Fabio Gil Mesa, por el delito de invasión de áreas de especial importancia ecológica.

Según la investigación, alias Gordo Pepe, con el aval de las estructuras paramilitares conocidas como Bloque Bananero, Elmer Cárdenas y Casa Castaño, habría generado el desplazamiento de varias familias en las cuencas rivereñas de Curvaradó y Jiguamiandó (Chocó). La acción criminal pretendía facilitar la llegada a la región de palmicultores y ganaderos para que realizaran sus actividades agropecuarias en áreas protegidas.

Jiménez Castañeda, de acuerdo con lo informado por otros comandantes de las autodefensas compró tierras para dedicarlas a la siembra de palma en los territorios de protección especial.

Dentro de la investigación se ha demostrado la colaboración que prestaron los notarios y otros servidores públicos para que estas estructuras se apoderaran de manera ilegal de varias hectáreas de tierra, que pertenecían a las familias que habitaban sobre las rondas de las dos fuentes hídricas. En ese sentido, deberá responder en juicio como posible responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado e invasión de áreas de especial importancia ecológica.

Le puede interesar: Imputaron a 'Jota', de disidencias Farc, por ola de asesinatos en el Valle

Los otros procesados son:

• Víctor Eduardo Nicholl Correa: comerciante de llantas, acusado por invasión de áreas de especial importancia ecológica
• Fabio Gil Mesa: comerciante de víveres en Belén de Bajirá, acusado por invasión de áreas de especial importancia ecológica
• Cecilio Moreno Arroyo: alcalde Riosucio (Chocó) en 2000, quien se habría valido de su cargo para expedir resoluciones de adjudicación de varias hectáreas en Curvaradó. La acusación en su contra es por los delitos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado, invasión de áreas de especial importancia ecológica, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal y prevaricato por acción.
• Luis Carlos Legarda Ruiz: notario de Carepa (Antioquia), presunto responsable de tramitar irregularmente escrituras sobre terrenos de especial protección. Por estos hechos irá a juicio por los delitos de concierto, desplazamiento forzado y falsedad ideológica en documento.

Este proceso se sigue en atención a los parámetros fijados en la Ley 600 de 2000 (anterior Sistema Penal). En los últimos dos años, la Fiscalía ha emitido resolución de acusación contra nueve ganaderos, una comisionista, dos funcionarios del Incoder y tres notarios. En este momento, seis personas enfrentan juicio y siete más están condenadas.