Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción presentó ante un juez de control de garantías al expersonero de Quibdó (Chocó), Miguel Antonio Becerra Asprilla, y le imputó los delitos de falsedad ideológica en documento público y cohecho impropio.

El procesado, entre abril de 2013 y septiembre de 2014, habría cobrado por expedir 29 certificaciones que acreditaban la muerte de personas en hechos catastróficos o terroristas sucedidos en el departamento, las cuales eran usadas por terceros para solicitar indemnizaciones ante el Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga).

El material de prueba da cuenta de que el exfuncionario, al parecer, exigió $300.000 por cada documento que firmó. Asimismo, evidenció que 16 de las certificaciones serían falsas, pues contenían información equivocada sobre las causas de las muertes y las fechas en las que ocurrieron.

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En la investigación se conoció que las reclamaciones fueron presentadas a nombre de los familiares de las víctimas por una empresa dedicada a realizar trámites. El Fosyga aceptó 13 de las peticiones y desembolsó los dineros requeridos, los cuales nunca llegaron a los familiares de las personas muertas.

La Fiscalía estableció que el expersonero de Quibdó alcanzó a recibir pagos por $8’700.000, de manera presencial, por medio de giros y el pago de una deuda.