540 son de terceros y 117 de agentes del Estado no miembros de la Fuerza Pública

____________________________________________________

"Reportamos 657 solicitudes de sometimiento a la JEP. 540 de ella son de terceros y 117 son de agentes del Estado no miembros de la fuerza pública", anunció ayer en rueda de prensa la magistrada Patricia Linares, presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz.

“Sobre estas solicitudes debo aclarar que serán tramitadas por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, que hará un primer análisis revisando que los hechos tengan relación directa o indirecta con el conflicto armado”, dijo Linares.

El viernes 6 de septiembre se venció el plazo para que los terceros civiles no combatientes y los agentes del Estado no miembros de la fuerza pública soliciten su sometimiento a la JEP.​

El 6 de junio entró en vigencia la ley 1957 de 2019 (Estatutaria de la JEP) y desde ese momento empezó a correr el plazo de los tres meses para quienes fueron vinculados formalmente a una investigación penal antes de esa fecha.

Aquellos que fueron vinculados formalmente a una investigación penal después del 6 de junio, tuvieron un plazo de tres meses para presentar su solicitud a partir de la fecha en la que la Fiscalía General los notificó. Este requerimiento debió hacerse ante el fiscal o el juez que lleve el caso, pues ellos están facultados para verificar si se cumplen o no los requisitos de competencia. Así se lo debieron hacer saber al interesado.

Los plazos fueron establecidos en el artículo 47 de ley 1922 de 2018 (Normas procedimentales de la JEP) y en el Parágrafo 4 del Artículo 63 de la ley 1957 (Ley Estatutaria de la JEP). Estos tiempos también fueron avalados por la Corte Suprema de Justicia en el Auto 2476 del 26 de junio de 2019.

La semana pasada, el senador Roy Barreras, del Partido Social de unidad Nacional (La U), radicó un proyecto para ampliar el mencionado plazo de la Ley Estatutaria de la JEP.

La iniciativa pretende que los particulares -es decir terceros no combatientes vinculados al conflicto y que tienen algún proceso en la justicia ordinaria- lleguen a la JEP y puedan acogerse a sus beneficios.

“Esto cobija a los terceros civiles no armados, empresarios que hayan sido financiadores del paramilitarismo y sobre todo, a la inmensa mayoría de terceros civiles que tuvieron que pagar a los paramilitares, porque fueron sujetos de extorsión y fueron víctimas de fuerza mayor”, argumentó Barreras, señalando que “esos empresarios tienen derecho a cerrar su situación jurídica rápidamente ante la JEP y no puede permitirse que el plazo” que se venció el viernes “les quite esa posibilidad y queden sometidos exclusivamente a la justicia ordinaria”.