De encontrar irregularidades en la destinación de las propinas, los Inspectores de trabajo podrían imponer multas de hasta tres mil millones de pesos, según la gravedad de la infracción, de acuerdo con un proyecto que se tramita en el Congreso.

Se trata del proyecto número 70 de 2013 Cámara, “por medio del cual se reglamenta la naturaleza y la destinación de las propinas”, radicado el 21 de agosto por el representante por Bogotá, Efraín Torres, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), que fue aprobado el 20 de noviembre por la Comisión Séptima de la Cámara en primer debate y que desde el 4 de febrero tiene lista ponencia positiva para el segundo debate en la plenaria elaborada por los representantes Didier Burgos y Luis Fernando Ochoa, copartidarios de Torres. En el orden del día de la plenaria programada para el 22 de abril la iniciativa es el punto 30.

El representante Torres indicó que los empleados podrán decidir cómo distribuyen el dinero que los clientes entregan voluntariamente. Con esta ley lo que se quiere asegurar es que las propinas lleguen únicamente al personal de servicio de establecimientos comerciales como bares y restaurantes.

Se podrán imponer multas de hasta tres mil millones de pesos, según la gravedad de la infracción. El dinero recaudado será destinado al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Además, si se comprueba que el dueño del establecimiento está exigiendo el cobro de las propinas, los usuarios podrán acudir directamente a la Superintendencia de Industria y Comercio. Dicha entidad podrá imponer sanciones de hasta 1.200 millones de pesos y el cierre temporal del establecimiento de comercio hasta por 180 días.

Torres confirmó que la medida “no va a cambiar la naturaleza voluntaria de las propinas que pagan los clientes; sin embargo, obligará a los propietarios a entregar la totalidad del dinero recaudado a sus empleados”.

“No vamos a permitir que las propinas sean utilizadas para reponer mantelería, vasos rotos o para pagar el sueldo de los empleados”, expresó.

Asimismo se le prohibirá a los dueños o administradores de los establecimientos que sugieran el cobro de propinas para que no puedan intervenir en la distribución de las mismas.

De acuerdo con Torres, si los trabajadores ven alguna anomalía, podrán acudir a las autoridades del trabajo para denunciar su caso e iniciar una investigación al establecimiento comercial.

“Con esta medida buscamos proteger y blindar al personal de servicio para que hagan valer sus derechos laborales”, afirmó Torres.

Por su lado, un concepto presentado por la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) fue positivo y resaltó que se destine el uso de la propina única y exclusivamente a la persona que trabaje en la cadena de servicios del respectivo establecimiento comercial y bajo ninguna circunstancia el gerente del establecimiento podrá adueñarse de dicha suma de dinero.

Para Fenalco, en el proyecto de ley debe quedar en claro que la propina no es salario, situación que lleva a entender que ello no constituye un factor salarial que deba tener en cuenta el empleador para la liquidación de las prestaciones sociales.