Que el  exgobernador de Casanare, Withman Herney Porras, ocasionó un daño patrimonial al erario público por 2.585 millones de pesos determinó la Contraloría.

La decisión fiscal involucra también a la Unión Temporal Casanare Hábitat de Paz y la firma interventora Consorcio JG - 2004, por el indebido reconocimiento que se hizo al mencionado contratista de 1.973 millones por concepto de desequilibrio económico en un contrato de obra de 2004 cuyo objeto era construir 1.055 viviendas de interés social en este departamento.

De esas 1.055 viviendas contratadas por el departamento de Casanare se construyeron 882 y quedaron sin construir 173 que, pese a ello, le fueron pagadas en su totalidad al contratista.

Los recursos pagados por la Gobernación eran provenientes de regalías y dejaron de destinarse al fin que tienen las mismas: satisfacer necesidades básicas de su población como salud, educación, saneamiento básico y otros.

Los 2.585 millones de pesos establecidos como responsabilidad fiscal por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción deben ser resarcidos por Porras, Casanare Hábitat de Paz (integrada por Luis Fernando Escobar, José Arney Mesa, Julio César Augusto Lozada y la sociedad MRB, representada legalmente por Martha Inés Buitrago) y el interventor Consorcio JG – 2004 (integrado por Juan Carlos Benalcázar y la Sociedad Grupo G&B, representada legalmente por Jairo García).

Porras fue destituido en 2010 por la Procuraduría, como consecuencia de irregularidades en fondos del presupuesto departamental superiores a los 181.000 millones de pesos, y condenado por la Corte Suprema de Justicia en 2013 a 18 años de prisión al encontrarlo culpable de los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.

Ahora la Contraloría lo responsabiliza del daño patrimonial incurrido en la ejecución del contrato de obra 936 de 2004, que tenía por objeto construir 1.055 viviendas de interés social en los municipios de Yopal, Trinidad, Paz de Ariporo, Monterrey, Támara, Chámeza, Recetor, Sabanalarga, Pore y Sácama.

El 2 de agosto de 2007 se terminó el contrato. El 30 de noviembre se suscribió el acta de recibo de obra y el contratista presentó ante la Gobernación de Casanare liquidación por desequilibrio económico por un valor de 4.293 millones de pesos, con el fin de obtener reconocimiento de dicha suma.

Tras pactarse 2.949 millones de pesos, la Gobernación solo pagó 1.973 millones de pesos por obras incompletas, que tenían cosas que no habían sido contratadas y que además totalizaban desembolsos superiores al 50 por ciento del valor inicial.

La Contraloría explicó que los 2.585 millones de pesos de daño patrimonial resultan de indexar (ajustar al IPC) la suma pagada indebidamente por la Gobernación (1.973 millones de pesos).

Para la Contraloría, la gestión fiscal del contratista fue antieconómica, ineficaz e ineficiente. Estimó además que el gobernador Porras y el interventor obraron con culpa grave: el primero al autorizar el pago indebido a la Unión Temporal y el segundo al estar de acuerdo con ello.