Un indígena murió en el municipio de Caloto, suroeste de Colombia, tras recibir impactos de bala en medio de fuertes enfrentamientos con la policía, por el desalojo de unos predios ocupados que los aborígenes reclaman como suyos.

"A las 3:30 de la tarde aproximadamente, hubo una confrontación en la hacienda La Emperatriz (en Caloto, departamento del Cauca). Se presentaron disparos provenientes de los miembros de la fuerza pública y resultó herido un comunero", dijo a periodistas Feliciano Valencia, líder del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).

Posteriormente, Guillermo Paví, de 20 años, fue remitido a un hospital del municipio vecino de Santander de Quilichao, donde falleció, según Valencia.

Sin embargo, el director de la policía de Colombia, general Rodolfo Palomino, negó que los disparos hayan venido de la policía y dijo a periodistas que "resulta temerario e irresponsable señalar que sea una muerte causada por alguna actuación institucional".

"Dentro de las personas que pretenden esta ocupación irregular, hay personas portando armas de fuego de manera ilegal", agregó Palomino, quien insistió en que investigadores de la Fiscalía trabajan para esclarecer las causas de la muerte de Paví.

Desde finales de febrero de este año, decenas de aborígenes se tomaron unas 1.800 hectáreas en esa zona de Colombia, que reclaman para sus comunidades como resarcimiento por haber padecido varias masacres, en una zona afectada por el conflicto armado que azota al país desde hace más de 50 años.

Según el estatal Centro Nacional de Memoria Histórica, en la masacre de El Nilo (1991) en ese departamento, murieron 21 indígenas a manos de paramilitares de derecha, mientras que en la de Guandalay (2001), fueron asesinadas 13 personas, entre campesinos e indígenas.

Además de paramilitares, la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunistas), con unos 8.000 combatientes, también ha actuado en la zona.

El conflicto armado colombiano, en el que han participado otras guerrillas de izquierda, fuerzas militares y bandas narcotraficantes, ha dejado oficialmente más de 220.000 muertos y 5,3 millones de desplazados.

En Colombia, los indígenas cuentan con unas reservas oficialmente reconocidas, que ocupan 30% del territorio y su población alcanzaba 1,4 millones de personas, según el último censo de 2005/AFP.