Sin las deudas que actualmente tienen las personas naturales y jurídicas con el Estado fueran canceladas hoy, el Gobierno no necesitaría implementar más impuestos ya que la suma total llega actualmente a 28 billones de pesos, que equivale a casi seis reformas tributarias.
Así lo reconoció el contador general de la Nación, Pedro Bohórquez. El funcionario señaló que las mayores deudas de los colombianos se dan con la rama judicial que podrían ascender a los 18 billones de pesos y luego con la Dian y la extinta oficina de estupefacientes.
Añadió Bohórquez que en el caso de la Dian las deudas son producto del no pago de los impuestos y por morosidad.
Bohórquez reconoció que la situación es un tanto complicada y manifestó que las entidades están en la obligación de efectuar los cobros a las personas que se encuentran en mora.
De acuerdo con el Contador General de la Nación, lo que se puede recuperar es una cifra muy baja y puso de ejemplo la situación de la Dian, en donde tan solo se podrá recuperar un 20 al 25 por ciento de todo lo que está registrado.
De otra parte, señaló que las demandas en contra del Estado ascienden a los 980 billones de pesos y los fallos que se hicieron efectivos en el 2011 fueron de 225 mil millones de pesos.
Por otro lado, la Central de Inversiones S.A., Cisa, empresa vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, utiliza el slogan "toma chocolate paga lo que debes", con el que espera llegar a cerca de 70 mil colombianos, quienes obtuvieron prestamos en diferentes entidades financieras y del Estado y seguramente no lo recuerdan o no saben dónde está su deuda, y que deben 760 mil millones de pesos.
El Presidente de Cisa, Jorge Eduardo Motta, manifestó que actualmente tienen más de 100 mil obligaciones de clientes que tuvieron créditos con Icetex, Colciencias, Fondo Nacional de Garantías, Findeter, Incoder, Fogafin, BCH, GranBanco Bancafé, Banco Agrario, Banco del Estado, Isvimed, Aeronáutica Civil, Adpostal, ESES, Ministerio de Educación, Ministerio de Comercio Exterior, Inravisión y otras carteras.
“Todas estas obligaciones pasaron a Cisa y en algunos casos los deudores no tienen conocimiento, por eso -señaló- vamos a iniciar una gran campaña a nivel nacional, para que estas personas, que seguramente en su oportunidad no tuvieron los recursos, ahora puedan ponerse al día y normalizar su situación aprovechando que les estamos ofreciendo excelentes descuentos y beneficios”.
Por su parte el vicepresidente de cartera de Cisa, Oscar Hernández, informó que en los últimos meses se logró consolidar el censo de deudores a 31 de Mayo de 2012, destacándose como prioritarias las carteras del Fondo Nacional de Garantías con 37.250 obligaciones que suman más de 354 mil millones de pesos, y la de Icetex con más de 10 mil obligaciones por 50 mil millones de pesos.
El funcionario comentó que después de una ardua labor para identificar a los deudores, con el ánimo de ofrecerles oportunidades de negociación y con la seguridad de que llegarán a lograr acuerdos según sus condiciones económicas, se estableció que en todos los municipios hay alguna persona que no ha podido pagar sus deudas con el Estado.
Al hacer un estudio del perfil de los deudores se encontró que estaban ubicados en diferentes niveles socioeconómicos, donde está el profesional que no ha logrado ubicarse laboralmente o el empresario que no pudo cumplir con su obligación y necesita ayuda para reactivarse económicamente.
“Lo cierto, señalo Motta, es que la gente quiere pagar pero necesitan facilidades, opciones de pago que se ajusten a sus necesidades, y sin duda de todas las entidades del Estado, Cisa es la que otorga mayores descuentos y plazos, lo cual nos hace líderes en la tarea de cobrar cartera, con la particularidad de que estamos dispuestos a escucharlos y recibir sus propuestas”.
Lo urgente ahora, señala el funcionario, es que los colombianos se acerquen a Cisa, a nuestras oficinas de Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, para conocer si son deudores y acogerse a los beneficios, porque la idea es tenderles una mano y que puedan mejorar su calificación en las centrales de riesgo.