Que llamen a declarar a seis testigos fundamentales en la investigación que se le sigue por supuestamente seguir asesorando jurídicamente a la Entidad Promotora de Salud (EPS) Saludcoop, luego de haberse posesionado como fiscal general, les pidió Luis Eduardo Montealegre a los integrantes de la Comisión de Acusación de Investigación y Acusación de la Cámara.

La petición fue realizada de manera formal a través de un escrito presentado por Luis Felipe Vergara, apoderado de Montealegre.

El memorial acusa a la excontralora Sandra Morelli, autora de la denuncia, de dilaciones injustificadas para que no se practicaran esos testimonios: "Vemos con preocupación esta dilación injustificada que propicia la propia denunciante Sandra Morelli, cuya actuación en este proceso ha impedido que se surtan las diligencias en cuestión encaminadas a establecer la verdad".

"Este es un asunto de interés nacional que no puede dejarse al vaivén de las acusaciones fugaces e incoherentes, no probadas, que lanza la señora Morelli desde la comodidad de su refugio en el exterior", sostuvo Vergara en el documento.

La lista de los testigos que requiere la defensa de Montealegre es encabezada por el superintendente de Salud, Gustavo Morales, y el agente interventor de la EPS a quienes se les pedirá que expongan lo que les conste a propósito de los contratos de prestación de servicios profesionales suscritos entre Montealegre y Saludcoop, para determinar si estaban vigentes con posterioridad al 29 de marzo de 2012.

Otro de los testimonios que se requiere es el de Mauricio Castro, representante legal de la EPS quien deberá precisar la cesación de contratos y fechas exactas de su celebración.

Ulahi Dan Beltrán y Simón Guzmán, funcionarios de la Contraloría, también serán llamados a declarar porque conocieron en su momento de la investigación fiscal realizada a la EPS.

Además se incluyó en la lista al jurista Ramiro Bejarano a quien Morelli mencionó en su denuncia, aseverando que su denuncia contra la excontralora “por las supuestas interceptaciones ilegales de comunicaciones” habría servido “para inmiscuirse en el proceso de responsabilidad fiscal de Saludccop, ha actuado, al parecer, mediante un especial y privilegiado acuerdo o concertación” con el fiscal Montealegre.