Los costos que deben asumir la sociedad y la economía por cuenta de un uso desmesurado del efectivo son altos, según la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria, la baja o nula trazabilidad de las transacciones que se realizan por este medio de pago generan un ambiente propicio para el desarrollo de actividades ilegales como lavado de dinero, extorsión, evasión de impuestos, entre otros, y el crecimiento de la informalidad empresarial y laboral.
Estas situaciones se vuelven más críticas en países como Colombia, con amplias necesidades fiscales y retos de gran calado en materia de formalidad y desarrollo social, considera el gremio.
Desde 2015 se vienen consolidando desarrollos importantes en la lucha contra el sobreuso del efectivo. Gracias al liderazgo de Asobancaria y a la participación de reconocidas instituciones públicas y privadas, el país hoy cuenta con un diagnóstico completo y robusto sobre los determinantes y costos relacionados con el elevado uso del efectivo.
Modernizar pagos
Adicionalmente, gracias al interés del Gobierno nacional en esta situación y, tomando como punto de partida los resultados de este diagnóstico, se han comenzado a implementar estrategias para modernizar el ecosistema de pagos del país, masificar el uso de los medios de pago y reducir los elevados niveles del uso del efectivo.
Sin embargo, a pesar de dichos avances y esfuerzos, todavía persiste un arduo trabajo para darle continuidad, profundidad y seguimiento a las estrategias planteadas.
El país dista de los referentes internacionales en materia de uso del efectivo y es prioritario que bajo el nuevo Gobierno se continúen focalizando esfuerzos para consolidar estas estrategias y avanzar hacia un ecosistema de pagos moderno, eficiente, y proclive al desarrollo económico y social de los colombianos.
En este sentido Asobancaria adelanta la iniciativa Cuentas Maestras, en colaboración con los Ministerios de Educación, Salud, Vivienda y Hacienda.
Desde octubre de 2016, con la expedición de la Resolución 857, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio definió la metodología por medio de la cual se abren, registran y operan las cuentas maestras para la administración de los recursos del SGP de agua potable y saneamiento básico. Con lo establecido en la mencionada resolución, se estableció el inicio de la implementación de la iniciativa de pagos Gobierno a Gobierno a través de medios electrónicos.
Igualmente el gremio se encuentra adelantando, en alianza con Colpensiones, una iniciativa tendiente a implementar un modelo que permita al pensionado recibir su primer desembolso a través de abonos a cuenta. En este modelo, el pensionado puede elegir el banco de su preferencia (desde el momento en que realice su solicitud de pensión) y acercarse a cualquier oficina a legalizar su cuenta pensional.
En cuanto a la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, PILA es un formato inteligente que les permite a las personas y empresas pagar sus aportes al Sistema de Protección Social (salud, pensiones, riesgos profesionales y laborales, cajas de compensación, SE#NA e ICBF). El 6 de diciembre de 2016 el Ministerio de Salud emitió el Decreto 1990, donde definieron rangos para la obligatoriedad de pago electrónico del PILA a los aportantes o pagadores de pensiones cuyo número de cotizantes o pensionados sea mayor a 3. Así mismo, el Decreto 390 de 2016 del Estatuto Tributario estableció que los pagos al Sistema de Protección Social debían realizarse a través de canales electrónicos. No obstante, aún es necesario diseñar estrategias de adopción de pagos digitales por parte de los bancos, enfocadas en los requerimientos de las grandes empresas, Pymes y personas naturales que están obligadas a realizar estos pagos.