Entre los temas que son fijos en la agenda del Congreso en el próximo periodo legislativo está el del controvertido Tratado de Libre Comercio con la República de Corea.

Y desde ya, se decantan las posiciones alrededor de la conveniencia de ese acuerdo.

El senador Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático, calificó como inaudito que el gobierno del presidente Santos celebre que el gabinete coreano haya aprobado el TLC con ese país: “Con esta noticia avanza otro ataque contra la industria nacional, que atraviesa por una profunda crisis causada por las importaciones y la revaluación, fenómenos propios del libre comercio”.

Defender el acuerdo, dijo Robledo, es propiciar la destrucción de la industria y la agricultura. “Así se eliminen los aranceles para los productos coreanos, los agricultores colombianos deberán competir con potencias agrícolas que dominan el mercado del país asiático. El 93 por ciento de las importaciones agrícolas de Corea están controladas por 4 potencias agrícolas: Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia y China. ¿Cómo vamos a competir con los productores de estos países en Corea, si nos tienen derrotados en Colombia?”, explicó.

Sin embargo, el vicepresidente del Senado, Guillermo García, del Partido Liberal, anunció su apoyo al acuerdo simplemente “porque nos compran productos agropecuarios y es una oportunidad de comercializar los productos como verduras, legumbres, frutas, leche y carne”.

El martes pasado el Ejecutivo coreano aprobó el TLC con Colombia, de acuerdo con lo informado por un vocero de la cancillería de ese país. Así, se abre paso la firma oficial por ambos gobiernos el 21 de este mes y el trámite en los respectivos congresos para su ratificación final, según explicó el embajador colombiano en Seúl, Jaime Alberto Cabal. Se espera que el acuerdo entre en vigor antes de que acabe el primer semestre del año.

El acuerdo contempla la eliminación de los aranceles del 96,1 por ciento de los productos que Colombia vende a su socio asiático y del 96,7 por ciento de los bienes de Corea del Sur en el país sudamericano en un plazo de 10 años desde su entrada en vigor, según la cancillería del país asiático.