La sanción fue motivada por el incumplimiento en la ejecución de proyectos de vivienda de interés social para 8 mil familias, a los que el Gobierno había otorgado subsidios.

Entre las razones por las cuales fueron sancionadas estas empresas están: parálisis o demora injustificada en el desarrollo de los proyectos, uso de materiales de mala calidad, incumplimiento en las normas técnicas de construcción y desviación de recursos.
Estas empresas oferentes, tenían en sus manos la construcción de viviendas de interés social por cerca de 60 mil millones de pesos.
Los proyectos habían sido asignados desde el año 2003 hasta el año 2010 a través de diferentes modalidades y procesos de participación de los entes territoriales.
Para garantizar la terminación de los proyectos, el Ministerio de Vivienda, ha firmado acuerdos de pago con las aseguradoras que amparan estos proyectos, con el fin de terminar las viviendas, ya sea con la concurrencia de otros oferentes, de las aseguradoras o de los entes territoriales
Estos constructores están representados en asociaciones de vivienda, consorcios, uniones temporales y en algunos casos en entes territoriales, que formularon e iniciaron la construcción de proyectos.
"Es inadmisible que se les causen perjuicios y se les incumpla a familias pobres, que con subsidios otorgados han depositado toda su esperanza en el Gobierno", afirmó la ministra de Vivienda, Beatriz Uribe Botero, quien añadió que por esta razón, "el Ministerio, ha hecho efectivas las pólizas que amparan y garantizan la restitución de los subsidios otorgados y se han adelantado las actuaciones necesarias para recuperar los recursos y buscar alternativas para terminar los proyectos, que benefician a las familias más pobres del país, conforme a las prioridades fijadas por el presidente Santos".
La Ministra insistió en que "Si bien vamos a recuperar el dinero de los subsidios y terminar las obras, estos constructores nunca podrán volver a presentar proyectos a ser financiados con recursos del Gobierno".