Tras las escandalosas declaraciones del presidente del Itagüí, Fernando Salazar, quien en la última asamblea de la Dimayor dijo que “los jugadores de hoy son unas prostitutas vestidas de uniforme de fútbol”, el Ministerio de Trabajo, decidió abrir una investigación para establecer cuál es la situación laboral entre los clubes y los jugadores del país.
El viceministro de Trabajo, David Luna Sánchez, rechazó enfáticamente las declaraciones de Salazar y manifestó que la Constitución colombiana protege la dignidad del trabajador y la ley laboral garantiza sus derechos.
Además de comparar a los futbolistas con trabajadoras sexuales, en las declaraciones de Salazar que se conocieron hoy, el presidente de Itagüí también menciona que “hay un pacto”, el cual impediría que jugadores que tengan disputas con sus clubes pudieran ser contratados con otras instituciones.
“El futbolista es propietario de su trabajo, motivo por el cual tiene la posibilidad de saber cuáles son las mejores condiciones para su desempeño profesional”, dijo Luna sobre el particular.
Luna explicó que se intentará establecer si Salazar violó el Código Sustantivo del Trabajo con sus declaraciones y si existe persecución sindical en el fútbol colombiano.
“En caso de que se llegue a probar esa situación, es obligación del Gobierno compulsar copias a la Fiscalía para que se aplique el Código Penal en esta materia”, aseguró el funcionario.
La controversia se originó por el caso de Johnny Ramírez, futbolista cuyos derechos pertenecían en 2012 al Boyacá Chicó, pero quien alega que su contrato terminó en 2012 y por lo tanto renunció al club de Tunja y se declaró en libertad para firmar un nuevo contrato con Millonarios, aunque el club ajedrezado reclama que el contrato de Ramírez va hasta diciembre de 2013. Millonarios acogió la versión del jugador e inscribió al jugador para el campeonato de 2013.