Entre miércoles y jueves Alfonso Gómez se entrevistará con los togados para estudiar los casos sobre presunta corrupción.

Para analizar los recientes hechos que vinculan a la Rama Judicial con denuncias de corrupción, el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez anunció que esta semana se reunirá con los magistrados de las altas Cortes.

El jefe de la Cartera dijo que el encuentro se aprovechará para hablar sobre el anteproyecto para reformar la justicia que busca hacerla más efectiva y reducir las irregularidades.

“Vamos a hablar de los problemas de la Rama y, dentro de un proceso de diálogo como lo hemos manifestado. También vamos a trabajar para conseguir los insumos necesarios que nos permitan tener en lo posible un anteproyecto de reforma a la justicia para el mes de marzo”, manifestó el Ministro.

El alto funcionario señaló que la reunión muy probablemente se dará el miércoles o el jueves.

Los presuntos sobornos que habría recibido el exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Henry Villarraga y el ‘cartel’ de jueces de paloquemao, son los temas que más estudiará Gómez con los presidentes de las Cortes.

Frente al escándalo, en su momento el Ministro dijo que el Presidente planeaba una reunión con la Rama Judicial para estudiar este tema.

“Ha habido muchas cosas recientes en la justicia. Con el presidente Santos acordamos hacer una reunión probablemente con las altas Cortes, para que analicemos fríamente y descarnadamente qué está pasando para que a partir de allí tomemos correctivos sobre el supuesto de que la inmensa mayoría de jueces y magistrados del país son personas comprometidas”, indicó.

El revuelo causado por las grabaciones difundidas por Noticias Uno en las que el magistrado habría asesorado ilegalmente al coronel Robinson Javier González del Río, generaron la reacción del presidente Juan Manuel Santos quien a través de su twitter  pidió a la justicia dar ejemplo.

“La justicia tiene que dar ejemplo de probidad. Que lo demuestren en el caso del magistrado Villarraga. El país lo exige”, aseguró el Jefe de Estado.

Ante los señalamientos, Villarraga presentó renuncia ante el Congreso de la República, que en sesión plenaria aceptó su dimisión.

Investigación

Por estos hechos, la Fiscalía General de la Nación compulsó copias a la Comisión de Acusaciones del Congreso para investigar al togado.

La determinación la tomó la Fiscalía Especializada 57 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario con sede en Medellín, que encontró méritos suficientes para que Villarraga fuera procesado.

Durante casi siete meses, investigadores de la Fiscalía interceptaron las comunicaciones del excomandante del Batallón de contraguerrillas No. 57 Mártires de Puerres, preso por la muerte de dos campesinos que fueron presentados como guerrilleros caídos en combate en 2007, con el magistrado, en las que se trataba el posible traslado del  caso del oficial de la justicia civil a la militar.

Las conversaciones dejan en evidencia cómo el magistrado estaba dispuesto a fallar de acuerdo con los intereses del militar y a influir en el resto de su sala.

En uno de los apartes de las conversaciones el militar habla del pago de 400 millones de pesos por la presión que el magistrado pueda ejercer entre sus colegas para que el caso cambie de jurisdicción.

Villarraga rechazó haber recibido algún pago y dijo que su decisión en el fallo sobre el traslado del proceso obedeció a su línea jurisprudencial sobre el fuero militar  “(…) insisto que prevalece la presunción de inocencia, de legalidad y de actos del servicio. Yo estudié doctrina militar para emitir esos conceptos”.

El caso

La investigación reveló que las víctimas eran invitadas a cometer actos delictivos en zona rural de los municipios de Chinchiná, Neira, Manizales y Salamina (Caldas), por parte de personas que tenían relación con miembros del Ejército. Estas personas eran recogidas y transportadas hasta un paraje rural en el que los militares, atrincherados, los ejecutaban.

En febrero de 2012, cuando la Fiscalía de conocimiento acopió esta información, dispuso formular imputación en contra de algunos integrantes del Batallón de contraguerrillas No. 57 y Batallón Ayacucho.

En el proceso contra los militares se presentaron inconvenientes en la realización de las audiencias como ausencia de los abogados de los militares. Los despachos judiciales observaron que se trataba de maniobras dilatorias por parte de los miembros del Ejército Nacional.

Por estos hechos se juzga al coronel Robinson Javier González del Río, quien como mayor comandaba el Batallón de contraguerrillas No. 57; al sargento Rubio Jaro Túquerres, de la sección de inteligencia; al subteniente Edwin Javier Madroñero Quemba, y al sargento Manuel Alejandro Parra Estupiñán, como comandantes de la Compañía Atacador 6.