Ante graves daños ambientales se han frenado varios proyectos auríferos. También hay reclamos por regalías.

Protestas  de los mineros informales del oro, manifestaciones en un departamento del norte que se opone a un proyecto minero, disputas en otra región por el canon minero: el gobierno de Ollanta Humala en Perú empieza a sentir los primeros remezones sociales.
El malestar social hizo metástasis en varias regiones del país en coincidencia con los primeros 100 días del gobierno de Perú, que deja atrás una luna de miel que prevaleció desde que el gobierno de centro izquierda llegó al poder el 28 de julio.
Bloqueos de carreteras, paros y marchas en dos ciudades contra concesiones a multinacionales mineras volvieron al primer plano en medio de intentos del primer ministro, Salomón Lerner, de apagar el incendio.
En el departamento agrícola de Cajamarca (un conflicto revela dos modelos económicos que se contraponen, con un sector de población -apoyado por autoridades locales- que rechaza el proyecto aurífero y cuprífero Conga, del gigante minero Newmont, mientras el Estado lo impulsa.
El proyecto contempla una inversión de USD 4.800 millones e incluye represar cuatro lagunas.
El miércoles hubo un paro de pobladores de Cajamarca, liderados por su presidente regional, Gregorio Santos, con el argumento de que el proyecto minero afectará las fuentes de agua en su zona de influencia, esencialmente ganadera y agrícola.
Ya en junio pasado en el sureño departamento de Puno los pobladores paralizaron carreteras hasta que obtuvieron un compromiso del gobierno de suspender un proyecto de una minera canadiense así como la minería en esa región, también agrícola. El conflicto, que duró semanas, se saldó con cinco muertos.
Otro punto de conflicto actual está en Andahuaylas (sureste), donde la población ha paralizado parcialmente sus labores desde el 2 de noviembre, también para pedir el cese de toda actividad minera en la región.
En Ancash, las comunidades de Huaraz y Cátac reclaman en cambio una mayor participación en el canon que reciben del gigante minero cuprífero Antamina. El canon es un impuesto para impulsar obras de desarrollo social.
Aunque la magnitud de las protestas es menor respecto a años anteriores, no se deben menospreciar, dice Rolando Luque, jefe de Prevención de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo.
"Uno tiende a pensar (viendo las protestas) que estamos en un país convulsionado pero no es así, están dentro de los estándares que hemos observado los últimos tiempos", dijo Luque al canal N de televisión.
Según el funcionario "hay un retraso del Estado en responder a preocupaciones que se expresan desde hace mucho tiempo en relación al temor de la población por la posible pérdida del recurso hídrico y la contaminación ambiental".
"El desafío para el Estado es procurar un sistema con información transparente que permita percibir el beneficio de la inversión minera y que la operación no va a causar daño a la agricultura, ganadería y bosques", resume Luque.
La defensa de la calidad de la tierra y el temor de que el agua de los ríos se contamine con los desechos mineros es el hilo conductor en las principales protestas que dirigen los campesinos.
Un conflicto de signo diferente se vive en la selvática región de Madre de Dios, donde la minería informal del oro hace estragos.
El fin de semana pasado las Fuerzas Armadas peruanas destruyeron 75 dragas ilegales que extraen oro de los ríos de esa región amazónica en la frontera con Brasil y Bolivia generando una fuerte contaminación y depredación forestal.
Según el ministerio del Ambiente, en Madre de Dios la minería informal ha provocado la destrucción de 30.000 hectáreas de bosques tropicales.
Igualmente esta actividad contamina con unas 32 toneladas de mercurio que se vierten en los ríos de la región./AFP