El sector de la minería ha ganado participación en Colombia durante los últimos años, pasando de representar 1,8 por ciento del PIB en el año 2000 a cerca de 2,3 por ciento del PIB en 2011.

Según los analistas del mercado, actualmente las exportaciones mineras representan cerca del 22 por ciento de las totales, el sector de la minería atrae alrededor del 20 por ciento del total de Inversión Extranjera Directa y, al tercer trimestre de 2011, había generado regalías equivalentes a 0,3 por ciento del PIB.

Señalan que el dinámico desarrollo del sector implica grandes retos, en diversas dimensiones. De una parte, están aquellos de carácter macroeconómico asociados a una posible “enfermedad holandesa” en razón a que las exportaciones mineras, así como las de hidrocarburos, pueden desencadenar procesos de apreciación cambiaria que comprometen la viabilidad de otros sectores exportadores y de sectores que compiten con las importaciones.

Esta administración ha logrado promover importantes cambios institucionales -en particular, la introducción de una Regla Fiscal a partir de 2014 y la reforma al régimen de regalías que deberían coadyuvar a mitigar estos problemas.

Por otro lado, el desarrollo de la minería genera complejos retos en el frente ambiental, en lo relacionado con los derechos de comunidades que viven en zonas ricas o potencialmente ricas en recursos mineros, en lo referente a derechos humanos y en términos de seguridad.

“No cabe duda que uno de los principales desafíos que enfrenta la sociedad colombiana -valga decir, el gobierno nacional, los gobiernos sub-nacionales, las empresas del sector y la sociedad civil- es asegurar que una minería responsable, con altos estándares ambientales y sociales, contribuya al crecimiento sostenible del país”, sostiene un análisis del sector.

Indican los expertos que cualquier estrategia comprehensiva y sostenible en el frente minero debe empezar por reconocer que, evidentemente, no todas las formas de minería son iguales. De una parte, es necesario diferenciar por tamaño de las explotaciones.

“Problemas típicamente asociados a la pequeña minería -por ejemplo, la ausencia de buenas prácticas de seguridad industrial y el escaso apego a las normas laborales- no deben achacársele a la gran minería. Más aun, no todos los pequeños mineros son similares. En particular, existen miles de pequeños e incluso medianos mineros informales dedicados a la minería artesanal y tradicional. Su formalización, que representa un gran reto para las autoridades, requiere de instituciones oficiales fortalecidas”, aseguran los analistas.

Por el contrario, a quienes se dedican a la minería de manera criminal naturalmente les debe caer todo el peso de la ley.

De manera similar, se cometería un gran equívoco si se pensara que todas las grandes compañías mineras son iguales. Evidentemente, existen unas que operan bajo estándares ambientales y de relacionamiento con las comunidades más exigentes que aquellos bajo los cuales operan otras. De allí la importancia del acuerdo de autorregulación recientemente firmado por las grandes compañías mineras en Cartagena y teniendo al Gobierno como testigo.

Las empresas firmantes se comprometieron a adoptar mejores prácticas internacionales en los frentes ambiental, laboral, social y de derechos humanos.

En este frente quienes lideran el sector tienen la oportunidad de mostrarle al país que la minería está en capacidad de asumir sus responsabilidades con la diligencia que, en el pasado, infortunadamente no siempre tuvieron quienes lideraron el desarrollo de las actividades agropecuarias.

De otra parte, las normas colombianas y diversos tratados internacionales consagran el mecanismo de consulta previa a comunidades que se podrían ver afectadas por el desarrollo de proyectos minero-energéticos o de infraestructura.