Con un primer debate abierto entre la Rama Judicial y el Gobierno nacional de lo que debería ser la reforma a la Justicia, inició el Primer Conversatorio Internacional sobre Consejos Superiores de la Judicatura, en la capital de Bolívar. En el evento, el Ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, aseguró que ante la crisis, el poder judicial tiene que salir fortalecido para que siga siendo el poder legítimamente garante del Estado Social de Derecho.
“De acá saldrán ideas para que podamos salir de esta encrucijada. Debemos aprovechar esta crisis para que Gobierno, Rama Judicial y Congreso encontremos la mejor salida, sobre el supuesto de que debemos encontrar de qué manera funcionen los controles internos y externos y mantener la legitimidad que siempre ha tenido el poder judicial en el funcionamiento del Estado”, indicó Gómez Méndez.
Durante su intervención, el Ministro de Justicia reveló su posición frente a puntos claves, como el quitarle la función electoral a las altas cortes: “esto las ha distraído de su función central que es la de fallar los asuntos de su competencia”, indicó. También manifestó su intención de revisar si la estructura constitucional con la que funcionan la Sala Administrativa y la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura realmente ha funcionado.
“En el tema de la Sala Disciplinaria se necesita un ente que de un lado resuelva los conflictos de competencia entre las diferentes jurisdicciones y que discipline a jueces y altos funcionarios. (…) Se necesita un sistema disciplinario pronto y oportuno: ha pasado en todos los regímenes disciplinarios, que buscaban ser ágiles, que se repite la pesadez del proceso penal. Y muchas veces sale primero la sentencia penal que la disciplinaria”, dijo el Ministro ante los Presidentes de las altas cortes e invitados al conversatorio.
El Ministro Gómez Méndez también se mostró partidario de que la edad de retiro forzoso de los magistrados se aumente a los 70 o 75 años y que se cambie el esquema constitucional de 1991 mediante el cual los magistrados de las altas cortes y los miembros del Congreso de la República quedaron en posición recíproca de investigados e investigadores. “En todo Estado de Derecho se necesita un sistema de control interno que funcione, no hay ningún funcionario que pueda estar encima de la posibilidad del control”, dijo.
“El sistema de los colombianos de juzgar a los altos funcionarios del Estado por parte del Congreso no ha funcionado por múltiples razones. Este es el único país en el mundo en donde no han prosperado procesos contra presidentes y expresidentes de la República. Históricamente hubo dos procesos: uno en el Siglo XIX contra el general Mosquera y otro contra Rojas Pinilla. Y yo creo que la Rama Judicial también debe ser consciente de que estos controles deben regir para el sistema judicial. Hay que buscar un mecanismo para que estos controles funcionen”, dijo el Ministro.
El jefe de la cartera de Justicia aseguró que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura tiene el gran reto de crear una carrera que se vea reflejada en un mejor servicio al Estado. E hizo un llamado a la eficiencia en la ejecución de los recursos de la Rama Judicial.
“Tenemos que progresar en la eficiencia de esos recursos: tendrán que ser cosa del pasado situaciones como la del 2012 en donde tuvieron que devolverse 90.000 millones de pesos por falta de ejecución presupuestal. Tenemos que buscar la manera de que esa gestión de los recursos sea más eficiente”. Y aclaró: “esta consideración no debe llevar, no tiene que llevar y no va a llevar a retroceder en la historia. Jamás va a volver a presentarse una injerencia del Ejecutivo en el manejo de los recursos de la Rama Judicial, esto ya fracasó y con peores fallas que las de ahora”, dijo.
El Ministro de Justicia finalmente reiteró que la verdadera revolución judicial está en cumplir los términos judiciales y que la congestión judicial amerita también una revisión de las causas. “En el país existe la cultura de que todo se debe resolver por la vía de la judicialización, y quién lo creyera: un instrumento tan eficaz y preciado para los colombianos como la tutela terminó ayudando a la congestión judicial. Hoy tenemos una situación extraña: los ciudadanos consideran a los jueces buenos cuando son de tutela y no tan buenos cuando son jueces ordinarios, y son los mismos. En este conversatorio podríamos encontrar la fórmula para que los jueces ordinarios actúen con la celeridad de los jueces de tutela”, concluyó.
En el Conversatorio, el Presidente del Consejo Superior de la Judicatura, el magistrado Pedro Alonso Sanabria, apoyó la posibilidad de adelantar una reforma a la justicia: “Pero que no sea una reforma de maquillaje. Esa reforma no es buena si no está encaminada a cambiar lo estructural y aportar en la descongestión de los despachos judiciales”, aseguró.