Mostrando como uno de sus principales logros que 506.100 personas han recibido hasta el momento su indemnización por vía administrativa, hoy se cumplen cuatro años de ser promulgada la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras (Ley 1448), que es la principal apuesta del gobierno Santos en favor de los millones de colombianos que han sido afectados por el conflicto armado.
Esta Ley que tiene una vigencia de 10 años, es decir que se extenderá hasta el 2021, fue sancionada el 10 de junio de 2011 por el presidente Juan Manuel Santos en una ceremonia a la que asistió el secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. El Estado reconocía por primera vez la existencia de las víctimas del conflicto que desde hace décadas golpea a Colombia, y aún no finaliza. Ese día, el Jefe de Estado aseguró que esta norma busca “sembrar las bases de una verdadera reconciliación entre los colombianos”.
Meses después, se firmaron varios decretos con fuerza de ley que dictaban medidas para la asistencia, atención, reparación integral y restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas (Decreto-Ley 4633), al pueblo Rom o gitano (Decreto-Ley 4634) y a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras (Decreto-Ley 4635). Además nacieron tres nuevas entidades: la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras y el Centro Nacional de Memoria Histórica.
En cuanto al número de personas que en estos cuatro años han declarado su condición ante el Ministerio Público y que luego tras una verificación fueron incluidas en el Registro Único de Víctimas, al 1º de junio de 2015 se había reconocido por parte de la Unidad de Víctimas la existencia de 7.438.023 afectados, de los que 5.889.658 son sujetos de atención.
Precisamente hasta ayer esta Ley otorgaba plazo a los afectados para declarar su condición de víctima ante el Ministerio Público.
La Unidad de Víctimas explicó que de las 506.100 personas que hasta el momento han recibido su indemnización por vía administrativa, 163.168 decidieron voluntariamente ingresar al Programa de acompañamiento a la inversión adecuada de los recursos. El 20% eligió buscar oportunidades de inversión en vivienda; el 19% en educación; el 7% en proyectos productivos y el 3% en inmuebles rurales, entre otras opciones.
Un estudio elaborado por la Universidad de Harvard asegura que la cantidad de víctimas que ha accedido a la reparación en Colombia no tiene parámetro de comparación en el mundo. El país apunta a reparar el 12% de la población, mientras que otras naciones en transición se plantean un registro que no supera el 1%.
Según la Unidad de Víctimas, aproximadamente el 86% de las víctimas del conflicto armado son desplazados, mientras que el 14% restante ha sufrido otros hechos victimizantes, entre los que se incluyen el abandono o despojo forzado de tierras; actos terroristas, atentados, combates, hostigamientos; amenazas; delitos contra la libertad y la integridad sexual; desaparición forzada; desplazamiento forzado; homicidio; minas antipersonal, munición sin explotar, artefactos explosivos; pérdida de bienes muebles o inmuebles; secuestro; tortura y vinculación de niños, niñas y adolescentes.
Reparación integral
Para abordar esta gran variedad de delitos se decidió que la reparación podría incluir cinco medidas, aplicables según el tipo de daño y en sus dimensiones individual y colectiva, a saber: rehabilitación, medidas de satisfacción, indemnización por vía administrativa, restitución y garantías de no repetición.
La recuperación psicosocial es el primer paso para garantizar la reconstrucción del tejido social. En estos cuatro años, el Gobierno ha implementado el Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral para las Víctimas, a través del cual se han atendido 82.156 personas.
Igualmente con el fin de generar bienestar en las comunidades y en el entendido que los daños van más allá de lo material, según la Unidad de Víctimas se han realizado medidas de satisfacción como la entrega de 174.022 cartas de dignificación; conmemoraciones como el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas (9 abril), el de la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual (25 mayo); se ha acompañado también la entrega de restos a 1.400 familias con seres queridos que habían sufrido desaparición u homicidio, los 24 actos de reconocimiento de responsabilidad y solicitudes de perdón público, 81 iniciativas locales de memoria y 148 medidas de satisfacción en procesos de reparación colectiva.
Además en este tiempo cerca de 4.000 víctimas han accedido a estudios universitarios por las becas otorgadas a través del Fondo de Educación Superior. Otras 80.791 participaron en los talleres de educación financiera (65% fueron mujeres). Respecto a la restitución, los jueces encargados han emitido 75.122 sentencias de restitución de tierras, que abarcan algo más de 94.300 hectáreas.
Igualmente, en los últimos años se han presentado desde el territorio 205 proyectos dinamizadores para procesos de retorno y reubicación, por algo más de 13.000 millones de pesos, donde la Unidad para las Víctimas aportaría el 70% de los recursos y el resto las entidades territoriales, la comunidad u otros actores estratégicos, como la cooperación internacional.