La Suprema Corte de México desestimó una demanda que pedía declarar inconstitucional una disposición antiaborto en el estado de San Luis Potosí, en el segundo fallo similar en menos de 24 horas, tomado en votación pública.

La decisión fue similar a otra registrada el miércoles, cuando esa Corte desestimó una demanda contra una reforma a la constitución del estado de Baja California.
En ambas votaciones, siete de los once magistrados del tribunal votaron contra la constitucionalidad de las normas, sin que se lograran los ocho votos que era el mínimo necesario.
La posición de la Corte fue lamentada por grupos feministas y de derechos humanos como Amnistía Internacional, que la consideraron como un revés a los avances en materia de despenalización del aborto en México.
La validación de esas leyes constituyen "un gran paso atrás para los derechos de las mujeres y niñas en México", advirtió Amnistía Internacional en un comunicado.
"Es sabido que algunas mujeres y niñas, antes de ser obligadas a seguir con un embarazo que pueda ser peligroso para su integridad física o mental, intentan suicidarse. Otras optan por abortos practicados en situaciones de riesgo", agregó Amnistía Internacional.
En 2008, la Suprema Corte avaló una ley de la Ciudad de México que permite interrumpir el embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación.
Desde la aprobación de esa ley y hasta julio pasado, en Ciudad de México se han realizado 63.718 abortos en centros de salud pública, según estadísticas del gobierno de la capital.
Después de expedida esa legislación en Ciudad de México, se inició una campaña impulsada por jerarcas de la Iglesia Católica que llevó a que 18 de los 31 estados mexicanos reformaran sus constituciones para impedir que se legalice la interrupción de los embarazos.
El gobierno del presidente Felipe Calderón se inmiscuyó en la polémica al anunciar el lunes que pedirá al Senado revocar una disposición por la cual México, al adoptar la Convención Interamericana de Derechos Humanos, se reservó el derecho a expedir leyes que eximan de responsabilidad penal a las mujeres que aborten.
AFP