Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Fiscalía General, Procuraduría y Medicina Legal acogieron la convocatoria de la Defensoría del Pueblo y el ICBF.

Un paquete de medidas encaminado a enfrentar la oleada de violencia contra los niños, niñas y adolescentes en el país, anunciaron los representantes de las principales instituciones encargadas de esta materia, al cabo de una reunión de alto nivel convocada por la Defensoría del Pueblo y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Durante el encuentro, al que acudieron, además del Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, y la Directora del ICBF, Cristina Plazas Michelsen; el Director de la Policía Nacional, General Rodolfo Palomino; el Vicefiscal General de la Nación, Jorge Fernando Perdomo; el Viceministro de Defensa, Jorge Enrique Bedoya; y la Viceprocuradora General de la Nación, Martha Isabel Castañeda, entre otras personalidades, se dieron a conocer las siguientes conclusiones:

1. Instalación de una mesa técnica permanente para identificar la oferta institucional de cada una de las entidades, y coordinar esfuerzos para proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes.
2. Análisis criminal conjunto para la identificación de las diferentes formas de violencia y organizaciones delincuenciales que están detrás del maltrato a niños, niñas y adolescentes, pasando por los delitos sexuales, el ataque a la vida e integridad de los menores, la trata de personas dentro y fuera del país, así como la instrumentalización para la comisión de hurtos y extorsiones, entre otras modalidades.
3. Disposición de líneas telefónicas gratuitas de alcance nacional a través de las diferentes instituciones concernidas para recibir, tramitar y resolver las denuncias de los ciudadanos frente al maltrato y la violencia infantil.
4. Fortalecimiento de los programas de promoción de derechos y deberes, a través de las escuelas de padres con el apoyo del sector educativo, para que la sociedad asuma un papel de corresponsabilidad en el cuidado y protección de niños, niñas y adolescentes.
5. Convocatoria de una sala de crisis interinstitucional para atender con prioridad los casos más apremiantes en relación con este flagelo.
6. Destinación de 2 mil policías adicionales para fortalecer el componente de Infancia y Adolescencia en las diferentes regiones del país con fines de prevención, vigilancia y control.
7. Fortalecimiento de la presencia policial en escuelas y colegios públicos y privados para enfatizar en la pedagogía preventiva, a fin de alejar a los estudiantes del delito y de ambientes ajenos al entorno escolar.
8. Coordinación entre las autoridades, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, así como los alcaldes y gobernadores del país para impulsar programas encaminados a promover el buen uso del tiempo libre.
9. Vinculación de procuradores judiciales penales y procuradores de familia para priorizar las investigaciones en aquellos casos donde figuren como víctimas los niños, niñas y adolescentes.
10. Rendición de cuentas a alcaldes y gobernadores sobre las políticas de infancia y adolescencia a partir del próximo mes de marzo, ejercicio a partir del cual el Ministerio Público adoptará las determinaciones que correspondan, incluyendo los procesos disciplinarios a que haya lugar.
11. Celeridad en los procesos que se adelantan contra docentes por delitos sexuales contra los menores de edad para trasladar los expedientes al nivel central y proferir las medidas sancionatorias del caso, en la medida en que los profesores deben ser orientadores y no abusadores.
12. Énfasis en la prevención de los delitos, los mecanismos de denuncia para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y el acierto en las líneas de investigación, así como la capacidad de respuesta para intervenir con un enfoque interinstitucional en los lugares con mayor vulnerabilidad.
13. Vinculación de los medios de  comunicación como multiplicadores de los mensajes de prevención y corresponsabilidad en la defensa de niños, niñas y adolescentes.