Una vez más el proceso para la venta de generadora de energía Isagen está en marcha. Tras superar las demandas ante el Consejo de Estado y el levantamiento de las medidas cautelares que habían congelado la subasta meses atrás, y sin que hayan progresado las intenciones en el Congreso de frenar la privatización del 57 por ciento de las acciones de la Nación en la rentable entidad, el 2016 se asoma como el año en el que finalmente se concretará dicha enajenación.
El último paso se dio la semana pasada cuando el Consejo de Ministros revisó la valoración de Isagen y aprobó un precio mínimo por acción de $4.130, representando un incremento del 21,5% frente al precio mínimo anterior de $3.399, publicado en mayo de 2015.
Según el Ministerio de Hacienda el valor de la participación de la Nación se incrementó en $1.148 billones, al pasar de $5.338 billones en mayo de 2015 a $6.486 billones con el nuevo precio mínimo.
El titular de la cartera de finanzas, Mauricio Cárdenas, ha reiterado que la operación de venta del 57,61% de las acciones de la Nación en Isagen tiene como propósito optimizar los recursos con los que cuenta el país para la construcción de infraestructura, sustituyendo un activo que no dejará de prestar servicios al país por otro que ofrecerá más oportunidades de empleo y crecimiento económico
Sin embargo, los críticos de la venta sostienen que no es procedente privatizar un activo estratégico en el campo energético, cuando en muchos países está ocurriendo lo contrario, es decir que el Estado busca nacionalizar el control de la generación energética. Además en Colombia la coyuntura es más complicada dado que el fenómeno climático de El Niño amenaza con el riesgo de un racionamiento en el servicio eléctrico en el primer semestre de 2016.
De igual manera, no son pocas las voces que advierten que en la coyuntura cambiaria, con un dólar disparado y un peso colombiano que es la segunda moneda más devaluada del continente, después de Brasil, debería replantearse el cronograma de la subasta e incluso la pertinencia de la misma.
El Gobierno replica que la idea es cambiar un activo estratégico por otro, en tanto que asegura que la viabilidad financiera de la operación está asegurada y precisamente la decisión del lunes pasado va en esa dirección. Se parte de la base de que el precio de cada acción es sólo el punto de partida, pues la venta se ha diseñado para procurar que se realice a través de una subasta de manera competitiva, con lo que se busca generar una puja por parte de los interesados, que permitirá vender al mejor precio posible.
Como se recuerda, antes de que se suspendiera el proceso de subasta a mediados del año, ya había tres de las compañías precalificadas para la puja: GDF Suez (Francia), Colbún (Chile) y Brookfield (Canadá).
En repetidas ocasiones el Gobierno ha sostenido que siguiendo estas recomendaciones, y dado que las necesidades del país en materia de infraestructura son apremiantes, la venta de Isagen ayudará a financiar las inversiones necesarias en infraestructura como las concesiones viales de 4G, lo que a su vez se traducirá en inversión social, pues se calcula que la tasa de inversión de la economía pasaría de niveles del 30% del PIB en el escenario actual a 32.7% y 32% del PIB en los años 2017 y 2018, lo que permitiría una reducción de la tasa de desempleo a niveles de 7,6%.
En cuanto a las dudas sobre el mercado de energía, el Ministerio de Hacienda ha precisado que la generación en Colombia es un sector robusto y de vanguardia a nivel latinoamericano, que no requiere de la participación de capital del Estado para su solidez y estabilidad. En ese sentido, el retorno obtenido por la Nación en Isagen se limita predominantemente a los dividendos anualmente repartidos por una participación accionaria en una empresa listada en bolsa. Los demás retornos de la empresa, como los sociales y ambientales, seguirán estando ahí, independientemente de quien sea el dueño.
Por lo pronto, lo único cierto es que el proceso para la venta de Isagen sigue adelante y que será uno de los temas más candentes para el año que arranca, pues las acciones judiciales, políticas y legislativas para bloquear su venta se intensificarán.