Más de 100.000 indígenas iniciaron la Minga Por la Vida, una movilización que busca paralizar indefinidamente algunas carreteras del país para exigirle al Gobierno que cumpla el acuerdo de paz pactado en La Habana, específicamente el apartado sobre las etnias indígenas y afrocolombianas.
“A lo largo y ancho del país, en todas las carreteras de Colombia, reclamaremos del Gobierno nacional que incluya a los pueblos indígenas en la implementación del acuerdo de paz,”, dijo Fernando Arias, consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
Los líderes de la ONIC anunciaron bloqueos en las vías entre Medellín, en el centro oeste de país y Quibdó, en la costa pacífica colombiana. También en la vía Panamericana, que comunica al país por el oeste desde Nariño, en el sur, hasta el norte del Chocó, en la frontera con Panamá.
Los diferentes pueblos indígenas también hicieron un llamado al Eln que respete el cese al fuego y honre su compromiso de buscar la paz.
La minga inició seis días después de que el Eln asesinara a un líder indígena embera del municipio del Alto Baudó en Chocó rompiendo por primera vez en cese al fuego bilateral pactado con el Gobierno de Colombia a partir del primero de octubre.
“Minga” o “Yanapa” son palabras en lenguas indígenas para referirse a una reunión o iniciativa colectiva. Muchos la explican como la “acción de trabajar juntos”. El término minga se ha utilizado en Colombia para referirse a protestas de los pueblos indígenas.
En un reporte entregado por las autoridades nacionales, sobre las manifestaciones indígenas en el país, aseguraron que investigan cualquier acción que ponga en riesgo la integridad de los manifestantes y de la ciudadanía en general.
En las primeras horas de la protesta, los indígenas de Risaralda bloquearon por completo la vía Panamericana que une a Risaralda con Chocó.
La defensora del Pueblo en Risaralda, Elsa Galdys Cifuentes, señaló que el bloqueo se presenta en el punto conocido como La Unión, un tramo localizado entre el municipio de Pueblo Rico y su corregimiento de Santa Cecilia.
En el departamento del Tolima se concentran en el municipio de Saldaña cerca de 199 cabildos de la etnia indígena pijao. Por su parte, cerca de 1.500 indígenas del resguardo zenú en Córdoba que comprende los municipios de Tuchín y San Andrés de Sotavento se unieron a la minga que se lleva a cabo en todo el país.
Las autoridades recalcaron que no permitirán alteraciones de orden público y la Fuerza Pública se concentra en evitar que las manifestaciones pacíficas se vean afectadas por eventuales infiltraciones de grupos armados organizados.
Para mantener el orden se dispuso de un Puesto de Mando Unificado (PMU), instalado en la Dirección General de la Policía, las Fuerzas Militares adelantan un monitoreo permanente.
Al mismo tiempo, el Gobierno nacional afirmó que dará mayor prelación al cumplimiento de los acuerdos frente a la situación de las comunidades indígenas en el país y pidió que se ejerza el derecho a la protesta pero de manera pacífica.
El viceministro del Interior, Luis Ernesto Gómez, afirmó que en los últimos días los indígenas han sido objeto de amenazas y homicidios “y a eso le vamos a dar mayor prelación”.
El viceministro indicó que el Gobierno Nacional ha demostrado voluntad no solo de diálogo sino de cumplir lo pactado.
El funcionario del Gobierno indicó que el objetivo que se tiene es responder con claridad a las amenazas recibidas, “los asesinatos cometidos y el lamentable caso de la autoridad indígena que murió a manos del ELN, ellos no pueden seguir siendo objeto del crimen”, aseguró Luis Ernesto Gómez.