Para el presidente Ejecutivo de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) Juan Martín Caicedo, el fallo que en diciembre ordenó la revisión de contratos por concesión en Transmilenio pone en riesgo la sostenibilidad del sistema.

El fallo de primera instancia exige la modificación de los contratos de concesión en atención a la vulneración del derecho colectivo a la defensa de los consumidores y usuarios.
“Este fallo se suma a otros eventos recientes que producen enorme incertidumbre en la estabilidad de las reglas de juego para la construcción y operación de grandes proyectos, mientras se expide una nueva ley para promover la participación privada en este tipo de infraestructuras”, precisó Caicedo.
El proceso en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca inició con una acción popular en 2003. Los magistrados se encontraron con un estudio realizado en 2005 por la Contraloría de Bogotá, según el cual Transmilenio registraba pérdidas operacionales mientras los operadores obtenían abundantes ganancias: por cada pasaje que recibe, los operadores troncales se quedan con 71,10 por ciento de los recursos y Transmilenio con 5,73 por ciento.
El alcalde Gustavo Petro ha dicho que próximamente “se creará un espacio de concertación”.
“Esperamos la buena voluntad de los operadores privados y un proceso de organización de usuarios de Transmilenio”, anotó Petro, ya que no solamente es necesario cumplir el fallo, sino que a través de un otrosí del contrato los recaudadores esperaban que Transmilenio les pagara más, pasando de 67 a 127 pesos por pasaje, más una suma adicional de 20 millones de dólares.
Petro advirtió que “los señores contratistas recibirán lo que propusieron en su propuesta, 67 pesos por pasaje. Ni un peso más, ni un peso menos”.
En cambio, el ex alcalde Paul Bromberg dijo que la sentencia era “demagógica” y agregó que este tipo de actuaciones “eran el gobierno de los jueces en acción”, que pueden frenar la expansión del sistema y acabar elevando las tarifas.