Para mejorar la evaluación PISA en la que le fue mal a Colombia se está proponiendo aumentar los años de escolaridad en el preescolar, que verdaderos docentes ejerzan la profesión y crear procesos de formación.
También se plantea el fortalecimiento del estatuto docente, que ya está siendo evaluado por una mesa tripartita.
Las iniciativas fueron expuestas en un foro que sobre la calidad de la educación se realizó ayer en el Congreso.
Como lo publicó esta semana EL NUEVO SIGLO, el propio Gobierno alertó a las entidades territoriales para el mejoramiento de la calidad en la enseñanza, tras conocerse los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos (Programme for International Student Assessment, PISA).
El PISA es una iniciativa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que tiene como propósito producir indicadores de calidad educativa e investigaciones sobre los factores que la afectan. Además de comparar resultados entre países, sirve para monitorear los avances en educación en períodos de tiempo.
Soluciones
El senador Luis Carlos Avellaneda, copresidente vocero de la Alianza Verde, manifestó que hay varias medidas que se pueden ejecutar para enfrentar los malos resultados que obtuvo Colombia.
Avellaneda aseguró que lo primero que se debe hacer es concebir que la educación es el verdadero motor para el desarrollo de Colombia.
“La educación es para la formación de la ciudadanía, para la formación en democracia, para la convivencia”, dijo Avellaneda, agregando que “si somos capaces de ligarla en investigación, ciencia y tecnología”, la educación “va a conducir a un desarrollo más armónico”.
“Necesitamos hacer unos cambios estructurales en materia educativa. Debemos estar mirando como mejoramos el tema del preescolar. Solo tenemos un solo año en las instituciones públicas. Necesitamos llevarlo a tres años. Hoy a nuestros niños pobres los tenemos media jornada y necesitamos que estén en la jornada completa”, dijo el congresista.
Aseguró que hoy en día los educadores no alcanzan en media jornada a cumplir la jornada holística de la educación. Expresó que también se debe llevar a los colegio innovación tecnológica: “Que podamos dotar a los maestros de una mejor material didáctico. Tenemos que mejorar las condiciones laborales de los maestros, las condiciones salariales y prestacionales de nuestros maestros”.
Anotó también que otro tema importante es mirar el tema del escalafón y evaluar a los docentes, teniendo en cuenta los títulos como el de especialistas, el magíster, o de doctor, “títulos que hoy no son reconocidos para el escalafón, solamente se reconoce el título de normalista y el título de licenciado. Si se valen los otros títulos, los maestros se van a ver estimulados a irse a las universidades a formarse mejor”.
716 procesos fiscales por $934.000 millones
El sector educativo está bajo la lupa de la Contraloría, que adelanta 716 procesos de responsabilidad fiscal en todo el país, por una cuantía estimada en 934.000 millones de pesos.
De acuerdo con la vicecontralora Ligia Helena Borrero, al intervenir en un foro en la Comisión Sexta del Senado, de estos procesos 672 son ordinarios y 44 verbales.
El grueso de esta cifra está a cargo de las gerencias departamentales de la Contraloría (520.000 millones de pesos), mientras la Unidad de Investigaciones Fiscales contra la Corrupción lleva procesos por un total de casi 340.000 millones de pesos.
También adelantan procesos de responsabilidad fiscal la Contraloría Delegada de Investigaciones y Juicios Fiscales (54.000 millones de pesos) y la Contraloría Auxiliar para el Sistema de Regalías (19.000 millones de pesos).
La mayor cuantía de los procesos que manejan las gerencias departamentales corresponde a Magdalena (394.000 millones de pesos), seguido de La Guajira (41.000 millones de pesos), Casanare (14.000 millones de pesos) y Risaralda (10.000 millones de pesos).
En ese orden de ideas, la Contraloría ha abierto estos 716 procesos por denuncias e irregularidades relacionadas con temas como los "niños fantasmas", infraestructura, cobertura, financiación, entre otros.
Según la funcionaria, la acción del ente de control fiscal permite obtener unos beneficios importantes, sobre todo a partir del momento que la Contraloría comenzó a buscar la depuración de las bases del Sistema Integrado de Matrículas (Simat).
Las auditorías a megacolegios del Atlántico, Bolívar, Caquetá y Norte de Santander permitieron detectar 12 hallazgos fiscales por 12.000 millones de pesos y produjeron beneficios por 2.000 millones de pesos.
Las gerencias departamentales han realizado embargos por 1.234 millones de pesos.
Malas prácticas
En su intervención en el Congreso, la Vicecontralora hizo una radiografía de las malas prácticas que subsisten en el sector educación a nivel nacional como:
- Ocultamiento del fenómeno de deserción (estadísticas de cobertura por encima de lo real).
- Alumnos en SIMAT inexistentes, desertores, migrantes o trasladados para elevar la matrícula oficial, base de la distribución de los recursos del SGP.
- Planta docente inequitativa o ineficientemente distribuida en la zona rural y urbana; docentes inexistentes, fallecidos o sin carga asociada con el servicio público educativo.
- Debilidades en los mecanismos de control interno a la gestión de recursos (estadísticas de cobertura por encima de la real).
- Sobrecostos.
- Falta de supervisión y control