En 2017 más de 40 de estos servidores públicos fueron privados de la libertad

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Agentes del CTI de la Fiscalía capturaron ayer a Álvaro González Murillo, alcalde del municipio de Prado, departamento del Tolima, quien es investigado por los delitos de prevaricato, interés indebido en la celebración y contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales.

La Fiscalía 34 local de Ibagué inició la investigación por presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato de un puente sobre el río Negro, por $2.000 millones.

 González Murillo se convierte en el primer alcalde capturado este año. En 2017 fueron privados de la libertad más de 40 de estos funcionarios por distintos delitos. Al día de hoy la mayoría aun permanece tras las rejas mientras se define su situación con la justicia, en tanto que otros han recuperado su libertad.

Uno de los últimos casos al final de 2017 tuvo que ver con el alcalde de Barichara, Santander, Israel Alonso Agón Pérez, a quien le fue ratificada la medida de aseguramiento por presuntas inconsistencias en un proyecto de vivienda.

Un juez de conocimiento del Circuito de Bucaramanga ratificó la medida de aseguramiento domiciliaria impuesta contra Agón Pérez y cuatro personas más vinculadas en presuntas irregularidades en el desarrollo del proyecto de vivienda de interés social La Primavera.

La Fiscalía imputó cargos a los procesados por los delitos de  urbanización ilegal, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, peculado por destinación oficial diferente, falsedad material en documento público, falsedad ideológica en documento público y prevaricato por acción, por lo que le juez consideró que existían méritos suficientes para que continuaran privados de la libertad.

De acuerdo con la investigación, durante los años 2010 y 2011, Agón Pérez, actuando como alcalde municipal de Barichara, en su primer periodo de mandato, realizó gestiones  para comprar el predio La Primavera y desarrollar programa de vivienda de interés social, por un valor aproximado de $1.200.000.000 millones, sin contar  con estudios previos requeridos ni el avaluó de dicha propiedad.

En diciembre 28 de 2011, a escasos tres días de la terminación del período como alcalde de Barichara, expidió la resolución N° 1255, por la cual fueron adjudicados 105 lotes a distintos beneficiarios, y recibió una suma de $1.665.734.674, obteniendo una diferencia respecto al valor del lote de  $465.734.674.

Más casos

En mayo de 2017 fue privado de la libertad el alcalde de Moñitos (Córdoba), Álvaro José Casseres Matoza, a quien la Fiscalía le imputó cargos por el delito de concierto para delinquir agravado por sus presuntos vínculos con el Clan del Golfo; corrupción al sufragante; fraude en inscripción de cédulas y constreñimiento al sufragante.

En tanto que en diciembre de 2016 fue condenado a 72 meses de prisión el entonces alcalde de Canaletes (Córdoba), Armando José Lambertínez Bolaños, como responsable del delito de concierto para delinquir agravado por promover grupos paramilitares entre los años 2001 y 2003, cuando también ejercía como Mandatario del municipio.

Mientras que en  marzo de 2016 fue cobijado con prisión domiciliaria el alcalde de Mosquera (Cundinamarca), Raúl Emilio Casallas Rodríguez, quien fue imputado por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado.

Según la investigación, Casallas Rodríguez habría falsificado el diploma de grado que lo acredita como abogado de la Universidad Santo Tomás desde 2002.

El junio de 2016 la Fiscalía imputó al actual mandatario de Santa Rosa de Cabal (Risaralda), Henry Arias Mejía, así como al exalcalde y exsecretario de gobierno para el año 2008, por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público por supuesto mal manejo de dos contratos que superaban los $23 millones.

En tanto que en junio de 2016 fue asegurado el alcalde de Nechí (Antioquia), Miguel Enrique Franco Menco,  por presunto peculado superior a $800 millones.

De acuerdo con la investigación en el año 2010 cuando Franco se desempeñaba también como alcalde de la citada población, suscribió un convenio con el Invías para la construcción de algunas obras civiles.

Este organismo le entregó a la administración municipal $912 millones como  anticipó del contrato y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea) le prestó otros $840 millones para la construcción de la misma obra. Sin embargo, culminada la administración del citado alcalde, la Fiscalía encontró que las obras solo fueron ejecutadas en un 23% con una inversión de $857 millones.  Se desconoce el destino final del dinero restante.