El Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre sostuvo que “en el caso de que se llegue a aprobar el marco jurídico para la paz, Colombia debe tener un nuevo concepto sobre la figura de la amnistías e indultos incluso con crímenes de lesa humanidad”.

Las declaraciones de Montealegre se dan luego de que fuera aplazado el debate y votación tres veces, del proyecto de reforma constitucional que establece un Marco Legal para la paz y le da herramientas al presidente de la República para que adelante negociaciones con la guerrilla.

De acuerdo con algunos medios nacionales, el estudio de la iniciativa se aplazó debido a que está circulando un documento en el que se solicita el archivo del proyecto, que tendría el apoyo de más de 40 representantes a la Cámara.

Con respecto a esto, el promotor de la proposición, el congresista conservador de Antioquia Obed Zuluada, se pronunció asegurando que cuenta con el apoyo de varios congresistas no sólo de su partido, sino también de otros.

"Imagínense ustedes el secuestro, la extorsión, el chantaje, el homicidio, todo lo vuelven hostilidades en el proyecto, le dan a la Fiscalía General de la Nación la posibilidad de decidir qué delitos se investigan y cuáles no, pero además le da la posibilidad a la Fiscalía de decir a qué sujetos se investiga; además le da la posibilidad al presidente de la República de perdón y olvido" aseguró el congresista.

Cabe recordar que este proyecto inició su debate luego de que se aprobara en plenaria de la Cámara la conciliación de la Ley de Regalías.

Antes del debate en el Congreso, uno de los aspectos más criticados fue el artículo que permitía darle vocería política a los desmovilizados y a los actores armados dentro de la iniciativa. José Miguel Vivanco, director de la ONG Human Right Watch, y el expresidente Álvaro Uribe, fueron quienes más rechazaron esta posibilidad.

El ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra dijo que el artículo al que hicieron referencia las críticas ya fue retirado de la ponencia y envió una carta al director de la ONG explicándole que el Gobierno está estudiando las inquietudes que ellos expusieron a través de su director.

“Tuvimos ocasión de tratar temas de estos, el tema de reforma a la justicia, el tema del fuero militar, me planteó una serie de inquietudes puntuales, en razón de las cuales le di unas respuestas preliminares, estamos estudiando esas inquietudes para dar unas respuestas que dejen a todo el mundo satisfecho”, dijo Esguerra en la misiva.

Al respecto también se pronunció el representante Osorio, quien dijo que “la lectura de Human Right Watch desafortunadamente es parcializada, no es una lectura que responda a una visión objetiva del marco jurídico para la paz. Este proyecto no puede ser una política de Gobierno sino de Estado”.

Y agregó que la iniciativa “no es un camino a la impunidad”. 

Otra modificación fija un plazo de cuatro años para la expedición de leyes que desarrollen el marco para la paz, el cual busca brindarle al Gobierno herramientas para iniciar procesos de paz con grupos al margen de la ley.