En un comunicado conjunto, estos grupos armados ilegales plantearon su punto de vista político frente al Gobierno de Santos y que los acercamientos obedecen a su convicción, no a la victoria del establecimiento.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Las Fuerzas armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP), inspirados en los más profundos sentimientos de hermandad, solidaridad y camaradería, con optimismo y elevada moral de combate, estrechados en un fuerte abrazo de esperanza en el cambio revolucionario, nos hemos reunido para analizar la situación política nacional e internacional, los problemas de la guerra y de la paz en Colombia y avanzar en el proceso de unidad que desde el año 2009 venimos forjando paso a paso, con el propósito de hacer converger ideas y acciones que permitan enfrentar junto al pueblo a la oligarquía y al imperialismo como elementos que imponen la explotación y la miseria en nuestra patria.

Indoblegable determinación nuestra, es continuar la búsqueda de una paz que para Colombia y el continente signifiquen el establecimiento de la verdadera democracia, la soberanía popular, la justicia social y la libertad.

Realizamos esta reunión, en momentos en que se desarrolla la más profunda crisis del sistema capitalista mundial, caracterizada por una desaforada carrera de guerras de invasión, saqueo y sobreexplotación de los recursos de la naturaleza, precarización de las condiciones de trabajo, que condenan al hambre y la muerte a millones de seres humanos en un planeta conducido por la voracidad del imperialismo, hacia el caos y la destrucción.

En nuestra patria las calamidades generadas por este sistema de inhumana sobre-explotación y exclusión de las pobrerías, ha escalado la desigualdad y profundizado la confrontación de clases en dimensiones nunca antes vistas, las cuales derivan directamente de la aplicación sostenida y desbocada de políticas neoliberales que favorecen a los grandes grupos financieros y grandes corporaciones transnacionales, en detrimento de las mayorías nacionales.

Dentro del panorama internacional de crisis sistémica del capital, que muestra sus rostros múltiples de debacle financiera, económica, ambiental, urbanística, energética, militar, política, institucional, moral y cultural, Colombia se configura como un país de economía reprimarizada y financiarizada.

A esa condición la han llevado los detentadores del poder, para permitir el saqueo que significa la extracción desaforada, el robo de sus recursos naturales y la especulación financiera. Millones de compatriotas han sido lanzados a la miseria y la guerra, impuesta por las élites para acallar la inconformidad de las mayorías frente a esta iniquidad.

El gobierno de Juan Manuel Santos fue instaurado para garantizar la continuidad de los planes de desposesión por despojo que sobre el pueblo colombiano impone el imperialismo. Una nueva espacialidad del Capital acompañada de ordenamientos jurídicos y disposiciones militaristas de seguridad y defensa inmersas en la vieja Doctrina de la Seguridad Nacional y terrorismo de Estado, se afianza en nuestro país para blindar los “derechos” del capital, el bienestar de los ricos a costa de los trabajadores y del pueblo más humilde. Dentro de esa perspectiva se define la nueva etapa de despojo de tierras que hoy se disfraza con el falso nombre de restitución. En la práctica, a los millones de desplazados y víctimas de las sucesivas etapas de despojo violento auspiciadas por el Estado, se suman ahora nuevas legiones de campesinos, indígenas, y gente sencilla en general, a los que se les arrebatará o se les niega ya la tierra mediante procedimientos de engañosa legalidad, engrosándose aún más las cifras de pobreza y de indigencia que colocan a Colombia en el rango del tercer país más desigual del mundo.

Es este el sentido cruel de la seguridad inversionista y de la prosperidad que difunde el presidente Juan Manuel Santos, mientras se sigue encarcelando, asesinando y reprimiendo a sus opositores.

Frente a esta realidad no puede haber otro camino para los revolucionarios que la unidad y la lucha, la acción de masas en las calles, el levantamiento popular en el campo y las ciudades, retando la criminalización de la protesta y exigiendo al gobierno reales hechos de paz, que no pueden ser otra cosa que hechos de solución a los problemas sociales y políticos que padecen las mayorías por cuenta del terrorismo Estado de la casta gobernante cuyas tendencias más guerreristas han conducido los destinos del país durante la última década.

No es con demagogia y amenazas de represión y más guerra que se pondrá fin al conflicto. No es con más compra de material bélico ni entregando el país al Pentágono que se alcanzará la paz; no es con planes guerreristas y de tierra arrasada, como el “Plan Patriota” o el “Espada de Honor” como se logrará la reconciliación de los colombianos. Mucho menos dando ultimatums a la insurgencia a partir de la idea vana de que la paz sería el producto de una quimérica victoria militar del régimen, que lleve de rodillas a la insurgencia, rendida y desmovilizada, ante ese adefesio llamado marco jurídico para la paz.

Nuestra voluntad de paz radica en el convencimiento de que el destino de Colombia no puede depender de los intereses ruines de la oligarquía. Los cambios políticos y sociales con la participación y decisión plenos del pueblo son una necesidad y un requerimiento inevitable. Por ello la unidad y la movilización del pueblo en favor de los cambios estructurales para, sobre la base de la justicia, construir la paz, son la verdadera llave de su conquista.

 “Los cambios políticos y sociales con la participación y decisión plenos del pueblo son una necesidad y un requerimiento inevitable”.