En lo que algunos llamaron una decisión histórica de la Cámara, la plenaria de dicha corporación legislativa aprobó en segundo debate el proyecto de acto legislativo que crea un nuevo marco jurídico para la paz, que se traduce en herramientas que permitirán futuras desmovilizaciones de grupos armados ilegales.

La iniciativa propone que por medio de una ley ordinaria se reglamenten los mecanismos por medio de los cuales el Presidente de la República podrá priorizar y seleccionar a los miembros de grupos armados ilegales que serán objeto de una pena alternativa, siempre y cuando cumplan con los principios de verdad y reparación a las víctimas.
Sin embargo, desde la discusión del tema en la Comisión Primera de la Cámara, había preocupación por el indulto o amnistía que se les podría dar a miembros de grupos armados ilegales que hubieran cometido delitos de lesa humanidad, e incluso que se pudiera incluir como beneficiarios a delincuentes comunes o narcotraficantes.