Claridad en las normas legales que regulan la acción de los integrantes de la Fuerza Pública, construir confianza en la Justicia Penal Militar, establecer los límites de las competencias entre la justicia castrense y la justicia ordinaria y garantías en el debido proceso para los miembros de la Fuerza Pública, fueron los temas sobre los cuales giraron las exposiciones de quienes intervinieron durante la realización del foro.
 
“Si tenemos una Fuerza Pública que tiene claro su marco, también tenemos una Fuerza Pública que puede actuar de manera clara contra las amenazas al pueblo colombiano”, afirmó el Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, quien además se mostró complacido con que en Colombia se haya abierto el debate al respecto.
 
Otra conclusión a la que se llegó en el foro, en el cual se desarrollaron tres páneles de discusión, es la urgente necesidad de construir confianza al rededor de la justicia penal militar.
 
“La opinión pública y los integrantes de la Fuerza Pública no tienen confianza en esta justicia porque no saben lo que hacemos y mucho de eso se debe a que no usamos los medios para producir un show con lo que hacemos a diario, simplemente actuamos con la responsabilidad de garantizar los derechos de quienes defienden la soberanía de nuestro país” afirmó el Coronel Camilo Suarez, Magistrado del Tribunal Superior Militar.
 
Frente a la claridad que se necesita para delimitar las competencias entre la Justicia Penal Militar y la Ordinaria, quedo claro que la intención del gobierno es que se aplique los castigos de la manera que debe ser y a quien los merezcan. En este sentido el Ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra fue enfático en advertir que "la razon por la que se quiere determinar que una justicia conozca de unos asuntos y otra de otros no es ni por consideraciones de tipo político ni por consideraciones relacionadas con la impunidad, es porque queremos que haya justicia en la forma como nosotros la entendemos, osea darle a cada uno lo suyo, castigar lo que haya que castigar",
 
Defensores y opositores de la reforma a la Justicia Penal Militar compartieron la apreciación respecto a la necesidad de garantizar la defensa y el derecho al debido proceso de los integrantes de las Fuerzas Armadas, como un mecanismo efectivo para avanzar en la solución del conflicto que vive el país desde hace varias décadas.