Como "un mensaje a los que por una u otra razón se han hecho a las tierras en forma ilegal” describió el presidente Juan Manuel Santos la marcha de hoy en el municipio de Necoclí, Urabá antioqueño, en apoyo al proceso de restitución de tierras.

Se espera asistan más de 20.000 personas entre víctimas, campesinos, representantes de las Fuerzas Militares, algunos de los ministros, alcaldes, gobernadores, líderes sociales y delegados de los partidos políticos. El Jefe de Estado dijo que éste será un mensaje para unos pocos, en el sentido de que todo el país, incluidas sus instituciones, está detrás del proceso de restitución de tierras.

Durante su intervención de ayer, Santos manifestó que lo que quiere el Gobierno es desarrollar una verdadera revolución agraria: “Esto no es una lucha de ricos contra pobres, esto no es una confrontación entre campesinos y terratenientes, esto no es una lucha de clases, esto es simple y llanamente una cruzada de lo legal contra lo ilegal, esa cultura de la ilegalidad que durante tanto tiempo ha hecho estragos en este país, en este departamento y en esta ciudad”.

La elección de Necoclí no fue al azar, sino simbólica, porque las tierras del Urabá y los 11 municipios que lo conforman, han sido unas de las más golpeadas por los grupos ilegales durante los últimos 30 años, primero por la aparición de grupos guerrilleros, y después por la creación de los grupos paramilitares. Esta región es considerada como la mayor productora de banano del país.

Advierten posibles riesgos

La Asociación de Bananeros de Colombia (Augura) le envió una carta al Presidente de la República advirtiéndole por los posibles hechos de violencia que se podrían desatar en el desarrollo de la marcha, aunque dijeron que respaldan el proceso de restitución de tierras y el resarcimiento a las víctimas de la violencia.

“La agremiación considera que esta Ley puede ser el instrumento adecuado para consolidar la paz, fortalecer la convivencia y propiciar la concertación entre las distintas fuerzas del sector agropecuario y de la sociedad colombiana. Sin embargo, mira con preocupación que para promover la aplicación se esté organizando una movilización masiva en Necoclí, región que ha sido escenario de los más dolorosos acontecimientos de violencia causados por grupos al margen de la ley”, consignaron en su comunicado, según el cual en la población de esta zona aún no ha “desaparecido por completo el temor”.

Ante los temores expresados por la agremiación, el presidente Santos respondió que “no permitiré que le pongan palos en la rueda al proceso de restitución de tierras”, haciendo alusión a los posibles sabotajes durante la actividad. Mientras tanto las autoridades antioqueñas están desarrollando un amplio plan de seguridad en Antioquia y sobre todo en la región de Urabá.

Sobre la seguridad también se pronunció el Jefe de Estado, al decirle el director de la Cámara de Comercio de Medellín Gabriel Harry que los empresarios bananeros no tienen que preocuparse porque sus hectáreas tienen sus títulos “perfectamente al día”.

La movilización iniciará a las 10:30 de la mañana y recorrerá las principales calles de la población y tiene contemplado realizar un homenaje a los 12 reclamantes de tierras que han sido asesinados durante los últimos dos años.

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, una de las apuestas más importantes del Gobierno de Juan Manuel Santos, es, según el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural Juan Camilo Restrepo, “una herramienta que reconoce los daños que han sufrido miles de personas por cuenta del conflicto armado de Colombia. Las víctimas de la violencia tienen derecho a que se haga justicia y a obtener reparación”.

La Ley, que entró en vigencia el primero de enero, tiene para este año el reto de recibir más de 13.760 reclamaciones de tierra y se espera que los Jueces Agrarios fallen de estos, al menos, 2.100 casos de restitución. Pero la meta para el cuatrienio es muy superior, ya que se espera recibir más de 160.000 solicitudes de restitución, mientras que para la década que contempla la aplicación de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras se espera que las peticiones superen las 360.000 solicitudes.