Parte de los dineros que había incluido el Gobierno en la reforma a la justicia para la óptima operación de la rama serán entregados, a pesar de que este proyecto fue hundido por los micos introducidos en la etapa de conciliación.

Así lo confirmó ayer el presidente del Consejo de Estado, magistrado Gustavo Gómez, al señalar que el Gobierno entregará 1,2 billones de pesos a la justicia en los próximos seis años, en partidas de 200 mil millones anuales.

“Además de la asignación anual ordinaria, son cerca de 200 mil millones de pesos por cada vigencia anual por cada seis años”, explicó el presidente del Consejo de Estado durante una audiencia en el Congreso sobre el funcionamiento de la justicia

“Tenemos que tener una plataforma administrativa eficiente que nos permita la creación de cargos, por ejemplo de jueces, para mejorar el acceso a la justicia, mejorar los sistemas de información y de los mismos despachos”, dijo el magistrado Gómez.

La semana anterior, durante la posesión de la ministra de Justicia, Ruth Correa, el presidente Santos dijo que “el hecho de que se haya archivado la reforma constitucional de la justicia no significa que no vaya a haber más recursos para el mejor funcionamiento de juzgados y tribunales”.

Descongestionar los despachos judiciales para que los ciudadanos tengan una respuesta más rápida a sus demandas era uno de los principales propósitos de la fallida reforma a la justicia. En ese sentido el proyecto planteaba recursos por 1,2 billones de pesos para ser invertidos en infraestructura, como son equipos e instalaciones. Sin embargo al final fue aprobado en la reforma que estos recursos llegaran a  2 billones de pesos, aunque condicionados a los logros que anualmente obtuviera la rama en materia de descongestión.