El presidente venezolano Nicolás Maduro prorrogó un decreto de estado excepción vigente desde enero de 2016, que restringe garantías legales, en medio de una oleada de protestas opositoras que deja 42 muertos.
Extendida por séptima vez, la ordenanza permite al gobernante socialista restringir "garantías" constitucionales y tomar medidas especiales de "orden social, económico, político y jurídico", según la gaceta oficial difundida este martes.
Así, Maduro puede "diseñar y ejecutar planes especiales de seguridad pública que hagan frente a las acciones desestabilizadoras que atenten contra la paz de la nación, la seguridad personal y el resguardo de las instalaciones y bienes públicos y privados".
El decreto fue renovado por 60 días en plena avalancha de manifestaciones opositoras, que deja además cientos de heridos y detenidos desde el 1 de abril y que solo entre el lunes y este martes se cobró cuatro vidas, elevando a 42 la cifra de fallecidos.
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Los adversarios de Maduro exigen elecciones generales para anticipar su salida del poder y rechazan una Asamblea Constituyente convocada por él.
Por su parte, el jefe de Estado acusa a la oposición de querer "incendiar" el país para asestarle un golpe de Estado y propiciar una intervención de Estados Unidos, al que acusa de financiar las protestas.
Maduro gobierna bajo estado de excepción, pese al rechazo del Parlamento, único poder controlado por la oposición e institución a la que corresponde por ley su aval.
Cada una de las prórrogas ha sido validada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que líderes opositores tildan como "el brazo jurídico" del chavismo.
El decreto de emergencia económica, además, ha facultado a Maduro para establecer "mecanismos excepcionales" a fin de fiscalizar, con apoyo de los militares, la producción, distribución y comercialización de alimentos básicos, artículos de higiene personal y medicamentos.
Venezuela atraviesa una profunda crisis económica, con una severa escasez de alimentos y medicinas y una inflación que el FMI estima en 720% para este año, la más alta del mundo.
El gobierno señala al empresariado de llevar adelante "una guerra económica" para generar descontento popular.
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