La violenta agresión de que fueron víctimas el pasado miércoles los integrantes de la Asamblea Nacional de Venezuela por parte de un grupo de manifestantes de clara tendencia chavista que ingresó a la fuerza al recinto parlamentario y atacó con palos , cuchillos y elementos incendiarios a los diputados de la oposición, pone de presente que en ese país ya se perdió todo cauce democrático y que el régimen de Nicolás Maduro está dispuesto a acudir a todas las vías que tenga a la mano, ya sean inconstitucionales o violatorias de los derechos humanos, para no dejarse sacar del poder.
La incursión en la Asamblea, que dejó a siete diputados heridos y cuyas imágenes fueron portada de buena parte de los principales periódicos y medios de comunicación a nivel global, en modo alguno puede considerarse como un hecho aislado o ajeno a la estrategia gubernamental para tratar de arrinconar a sus contradictores. Todo lo contrario, es este mismo Gobierno el que ha encarcelado a varios de los principales líderes de la Mesa de Unidad Democrática (MUD). También el que tiene un sinnúmero de presos políticos, de cuya suerte no se sabe nada. De igual manera ha sido Maduro y los tribunales de Justicia y el Electoral, que siguen ciegamente sus órdenes, los que han tratado de anular el poder legislativo a toda costa, acudiendo para ello no sólo al burdo intento de asumir sus funciones y desconocer todas las leyes y reformas que aprueba, sino amenazando con meter a prisión a los diputados opositores por el simple hecho de serlo. Así mismo es este régimen el que no ha dudado en ordenar a sus tropas que abran fuego contra los millones de manifestantes en las calles y también el que ha cerrado, censurado y judicializado a la prensa libre y opinante...
Visto todo lo anterior se concluye que el ataque a la Asamblea es un eslabón más de la estrategia dictatorial que se está aplicando en Venezuela y que tuvo hace apenas unos días su mayor confirmación por boca del propio Presidente de la República, quien no tuvo reserva alguna en advertir que para defender su, a todas luces, fracasada ‘revolución bolivariana’ impondría por la vía de las armas lo que no se consiguió por la de los votos.
Es evidente que la crisis política, económica, social e institucional venezolana está llegando a un punto de no retorno y que el Gobierno no solo es consciente de ello sino que con cada acción que toma, a cual más arbitraria y desafiante del orden democrático y constitucional creado por el propio Hugo Chávez, busca forzar una explosión violenta. Lamentablemente esta táctica del atropello y la barbarie ya parece tan obvia que muchos analistas y conocedores de la realidad venezolana han terminado por concluir, resignadamente, que el Palacio de Miraflores está instigando y promoviendo un escenario de guerra civil en ese país como única alternativa para que la legitimidad de la democracia y la autodeterminación del pueblo no lo saque del poder y lo someta a los tribunales nacionales e internacionales por la cantidad de delitos cometidos al amparo del régimen imperante.
Ya está visto que Maduro y compañía prestan oídos sordos a todos los reclamos y exigencias de la oposición y de la comunidad internacional. Cualquier posibilidad de mediación externa o local simple y llanamente no tiene futuro. La satanización y atropello contra la Fiscal General, de origen chavista, es una prueba más de ello. El Gobierno sabe que su intempestivo e inconstitucional proceso para convocar una constituyente no tendrá el menor chance de ser reconocido como legítimo. Pero aun así su insistencia en llevar adelante este mecanismo es lo que hace temer a millones de venezolanos que, en realidad, se trata de la más grande y agresiva movida para forzar un levantamiento popular cuyo saldo en materia de vidas podría ser dramático. Incluso hay mucha incertidumbre en torno a si el plebiscito, informal y paralelo, que viene promoviendo la oposición para mediados de este mes con el fin de reiterar la inviabilidad de la reforma constitucional, pueda ser aprovechado por los sectores más radicales del madurismo para atacar a nivel nacional a todo aquel que ose participar de este desesperado ejercicio ciudadano.
No puede la comunidad internacional resignarse a que la salida violenta termine imperando en Venezuela. Urge un esfuerzo sin precedentes, al nivel de la ONU o incluso del Consejo de Seguridad, para evitar un baño de sangre en la vecina nación, más aún, como se dijo, siendo evidente que el Gobierno, con todas sus acciones directas e indirectas, quiere forzar una guerra civil a como dé lugar.
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