El CTI de la Fiscalía adelantó ayer una inspección judicial ordenada por la Comisión de Investigación al sistema de información de la Sala Penal de la Corte Suprema, con el fin de establecer en cuáles casos de congresistas actuaron los abogados Pinilla y Moreno
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La primera prueba que ordenó la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara en el proceso que adelanta a los ex magistrados Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte por el escándalo de la supuesta venta de fallos en la Corte Suprema, fue ayer la inspección judicial al sistema de información de la Sala Penal de este Tribunal para establecer en cuáles de los 39 procesos que están bajo la lupa actuaron como apoderados los abogados Leonardo Pinilla y Luis Gustavo Moreno.
Dicha célula legislativa ofició a la Corte Suprema informándole sobre el procedimiento que adoptó, señalando que “la Comisión de Investigación y Acusación ordenó al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) entre otras pruebas hacer una inspección al sistema de información de la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, para determinar en cuál de los 39 procesos por ellos referidos han actuado como apoderados los abogados Leonardo Pinilla y Luis Gustavo Moreno. Igualmente solicitamos a la Corte que certifique la información probatoria encontrada a fin de incorporar y que haga parte integral de la investigación previa que adelantan los investigadores Fabio Arroyave y Edward David Rodríguez”.
Es la primera vez que el Congreso de la República ordena una inspección judicial a un alto Tribunal, precisamente en medio del megaescándalo que vive la Rama después de que el fiscal General, Néstor Martínez, revelara que se habría presentado una asociación delincuencial en la Corte Suprema para favorecer con fallos amañados a congresistas.
La Fiscalía se enteró de esta situación por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que le entregó información con base en grabaciones ocultas que hicieron a conversaciones que sostuvieron en ese país hace algunos meses el entonces jefe anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno, y su socio el abogado Leonardo Pinilla con el prófugo exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, quienes le habrían pedido $500 millones para frenar las investigaciones al exmandatario regional.
En algunas de esas conversaciones Moreno y Pinilla se ufanaban de los contactos que decían tener en la alta justicia así como de supuestos resultados que habrían alcanzado.
A partir de allí se abrieron investigaciones preliminares en la Corte Suprema a los senadores Hernán Andrade y Musa Besaile así como al exsenador conservador Luis Alfredo Ramos. En la Comisión de Acusación de la Cámara a los ex magistrados Francisco Ricaurte y Leonidas Bustos. Y en la Fiscalía a los abogados Camilo Tarquino (exmagistrado), Luis Ignacio Lyons, Luis Gustavo Moreno y Leonardo Luis Pinilla.
El pasado 17 de agosto el fiscal Martínez hizo compulsa de copias a la Corte Suprema con información y pruebas, entre éstas, grabaciones de las conversaciones de Moreno y Pinilla con el exgobernador Lyons, con el fin de que determinara si existía mérito de abrir una investigación a los congresistas y ex parlamentarios mencionados.
Al día siguiente la Sala Penal de la Corte Suprema hizo compulsa de copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, con el fin de que evaluara si existía mérito de iniciar un proceso por estos hechos a los ex magistrados de la Corte Suprema, Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte.
En esa oportunidad, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia indicó que “en atención a la gravedad que revisten estos hechos, le pide respetuosamente a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes que obre con prontitud, diligencia y absoluto rigor. Le hacemos saber a la Comisión de Acusación, igualmente, que estaremos prestos a colaborar con la investigación a su cargo con toda la información que estime necesaria”.
En la compulsa de copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, la Corte Suprema referencia 39 procesos que están bajo la lupa porque involucran a congresistas y ex congresistas, y además se presentaron entre los años 2014 y 2015, periodo en el cual se habrían dado estos hechos.
La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara en un primer momento se dio a la tarea de evaluar el material probatorio que le hizo llegar la Corte Suprema. Ahora con la inspección que ordenó a la Sala Penal de este Tribunal busca establecer en cuáles de los 39 procesos referenciados participaron los abogados Pinilla y Moreno, señalados por la Fiscalía de solicitar coimas para torcer procesos a favor de parlamentarios en asociación con magistrados de esa época.
Se espera que los representantes investigadores Fabio Arroyave y Edward David Rodríguez citen en los próximos días a declarar a la Comisión de Investigación a los ex magistrados Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte, una vez que valoren el material que arroje la inspección judicial que fue ordenada ayer en la Corte Suprema de Justicia.
Cara a cara
En la Corte Suprema de Justicia rindieron ayer declaración el exjefe anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno, y el también abogado Leonardo Pinilla sobre las presuntas coimas que pidieron a congresistas para favorecer con fallos.
Moreno y Pinilla fueron confrontados por separado con el senador Musa Besaile, quien en versión libre que rindió esta semana aseguró que el primero de éstos le pidió $6 mil millones para frenar una orden de captura en su contra, aunque al final dijo que le entregó $2 mil millones.
Besaile dijo que “solicité en la Corte para denunciar que fui víctima de una extorsión por parte del exfiscal Luis Gustavo Moreno. Allí manifesté que me pidió una suma importante de dinero y expliqué en detalle".
El Parlamentario señaló que "solicité en la Corte para denunciar que fui víctima de una extorsión por parte del exfiscal Luis Gustavo Moreno. Allí manifesté que me pidió una suma importante de dinero y expliqué en detalle".
Agregó que “él (Moreno) me abordó en nombre del que decía que era su padre. Él mencionaba como su padre al magistrado Leonidas Bustos en ese momento”.
Besaile dijo que "también está mal el de Julio Manzur", haciendo referencia al proceso que se adelantó en la Corte contra este exsenador, quien estuvo tres años detenido en un proceso por parapolítica, pero que en julio pasado recobró su libertad.
De otra parte, cuando agentes del CTI arribaron ayer a La Picota para conducir a Moreno a la Corte Suprema encontraron celulares y estupefacientes en la celda que éste ocupa.
Frente a ello el exfiscal Anticorrupción emitió un comunicado donde asegura que no es suyo lo que encontraron las autoridades y que tampoco estaba en la celda que ocupa.
"En la celda que comparto con otras dos personas no fueron hallados teléfonos celulares. Estos al parecer son hallados en otra celda de otro patio, en el piso debajo del nuestro. Es completamente falso que en mi poder tuviera teléfonos, computadores o USB. Es completamente falso que en mi poder o mi espacio dentro de la celda su encuentre cualquier tipo de droga o sustancia psicoactiva”, dice el comunicado.
Por ello Moreno dijo que “solicito –con mi expresa autorización– la toma de muestras de sangre para que se identifiquen rastros de cualquier sustancia psicoactiva en mi cuerpo, así como una prueba de dactiloscopia a los teléfonos encontrados”.
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