Antes de introducir una especie de oralidad en la modificación del régimen de licenciamiento ambiental, es necesario analizar detalladamente el estado y la capacidad actual de las autoridades ambientales competentes para otorgar las licencias ambientales.

Así lo recomendó la Procuraduría, al pedir el urgente fortalecimiento institucional y de los mecanismos de seguimiento al interior de las autoridades competentes para el otorgamiento de tales permisos.

La recomendación está contenida en un paquete de “consideraciones y reflexiones” que sobre el contenido del proyecto de modificación al vigente régimen de licenciamiento ambiental previsto en el Decreto 2820 de 2010 le presentó al ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo.

Para el Ministerio Público, según un comunicado divulgado ayer, las modificaciones sustanciales que contiene el proyecto de reforma merecen un análisis ponderado que permita la expedición de una norma respetuosa de la conservación y uso racional y sostenible de los recursos naturales renovables, a propósito del proceso que se surta para el otorgamiento de una licencia ambiental.

De igual forma, señaló el ente de control que dicha licencia es el sistema de control estatal más importante para lograr la sostenibilidad ambiental de un territorio, y como tal, su procedimiento debe respetar garantías procesales y sustanciales que otorga la Constitución.

También se entregó al jefe de la cartera ministerial la observación sobre el trámite administrativo de licenciamiento ambiental, que si bien es el escenario más recurrente donde maniobran los mecanismos de participación ciudadana, la reforma deshecha la oportunidad para armonizar el procedimiento propio de la licencia, frente a la realización de audiencias públicas, consultas previas, terceros intervinientes, etc.

Finalmente, la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios le solicitó al Ministerio que se postergue la expedición de la norma modificatoria del Decreto 2820 de 2010, y en su lugar, se promueva un espacio más amplio de discusión y reflexión acerca de sus contenidos entre los actores institucionales y comunitarios que de una u otra forma, intervienen en la gestión ambiental.

Las observaciones las presentó el Ministerio Público a través de la Procuraduría Delegada para asuntos Ambientales y Agrarios en ejercicio de la función preventiva estipulada en el Decreto 262 de 2000 y en los artículos 277 y 278 de la Constitución Política y atendiendo la importancia, que como sistema de control necesario para la búsqueda de la sostenibilidad ambiental encierra la licencia.