Investigación disciplinaria en contra de María Cristina Palau Salazar, exdirectora de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), por presuntos actos de corrupción e irregularidades contractuales relacionadas con el proyecto de los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (ERON) para los municipios de Cómbita y Pereira, abrió la Procuraduría.

El organismo de control investiga la denuncia trasladada por el ministro de Justicia y del Derecho, Enrique Gil Botero, según la cual la funcionaria habría recibido $600 millones como anticipo de los $3.000 millones ofrecidos por un interesado en la adjudicación de esos proyectos.

El Ministerio Público busca determinar si la funcionaria incurrió en faltas disciplinarias relacionadas con un presunto enriquecimiento patrimonial injustificado, interés indebido en la celebración de negocios jurídicos con el Estado y/o quebrantamiento de la normatividad contractual.

Así mismo busca esclarecer los motivos determinantes de la posible falta y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se habría cometido el supuesto perjuicio a la administración pública.

Hace una semana la funcionaria fue retirada de su cargo, según fuente del Ministerio de Justicia, con el fin de avanzar en las investigaciones y compartir la información con la Fiscalía.

El objetivo es asegurar transparencia en los procesos de contratación que adelanta la entidad con el Inpec, los mismos que se encargaron de llevar esas denuncias a la Fiscalía.

De acuerdo con la denunciante, a comienzos de año se reunió con Palau en un hotel en Bogotá en donde le aseguró “en esa reunión le hice entrega a la doctora Palau de 600 millones de pesos en efectivo como anticipo del total de 3.000 millones de pesos acordados por comisión de la cárcel de Cómbita dado de que la cárcel de Pereira es la más demorada en salir la licitación”.

Según la denunciante, Palau le comentó que había algunas demoras por parte de Fonade ya que el senador Bernardo ‘Ñoño’ Elías’ tenía amarrada la asignación de las dos cárceles.

En la carta agrega que, dado los incumplimientos, le pidió a la directora la devolución del anticipo quien se negó a hacerlo.

Así mismo, como caótico calificó la Contraloría General el manejo administrativo de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, USPEC, al culminar una auditoría que permitió encontrar hallazgos por $47.399 millones y al final de la cual se reprobó la gestión y los resultados presentados por la entidad respecto a la vigencia fiscal 2015.

La conclusión del organismo de control es que, a pesar del esfuerzo del Gobierno nacional en destinar recursos para enfrentar el Estado de Cosas Inconstitucional reiterado por la Corte Constitucional, la USPEC no cumplió con las acciones que tiene a cargo como responsable principal de la ejecución de los recursos destinados a la atención de la población penitenciaria y carcelaria del país.

“El Estado Inconstitucional de Cosas en materia carcelaria no se encuentra superado, por cuanto las inversiones realizadas no han podido generar las condiciones mínimas para que se cumplan los objetivos del sistema penitenciario y la metas que la USPEC debía ejecutar no fueron materializadas, encontrando la Contraloría que la crisis humanitaria que vive el sistema se ha agudizado por cuanto el nivel de hacinamiento ha aumentado”, señaló el contralor General, Edgardo Maya.

En la auditoría a la USPEC se establecieron 72 hallazgos administrativos, de los cuales 24 tienen presunto alcance disciplinario, 3 presunta connotación penal y otros 3 posible alcance fiscal. Graves deficiencias contractuales La Contraloría encontró serias deficiencias en materia de ejecución de contratos de obra pública, dirigidos a la creación de nuevos cupos, que impiden el recibo oportuno del objeto de las inversiones. Continúa pendiente la recepción de bienes y servicios con cargo a los presupuestos de tres vigencias (2013, 2014 y 2015) por $313.647 millones de pesos.

“Son notorias las deficiencias en materia contractual, en el tema de obra pública: se adjudican procesos y se celebran contratos sin especificaciones completas, las que sufren múltiples variaciones dentro de los plazos iniciales, lo que lleva a su vez que los plazos pactados inicialmente se prorroguen 2 y 3 veces más, restando fundamento a la urgencia con la que fueron suscritos, varios de ellos en razón a la declaratoria de Emergencia Carcelaria de 2013”, señaló la Contraloría en su momento.