La Contraloría General de la República estableció un hallazgo fiscal por más de $906 millones de pesos en la contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) que realizó en 2015 el Municipio de Armenia, por pagar las raciones de alimentos a un valor mayor de lo que pagó el Ministerio de Educación Nacional durante la misma época.

El organismo de control realizó auditoría al Municipio de Armenia, evaluando el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones –SGP que recibió en la vigencia 2015.

En este caso, se revisó la ejecución del contrato de suministro No. 001 de 2015, que celebró el Municipio el 30 de enero de 2015, a través del Subdirector del Departamento Administrativo Jurídico, Juan Sebastian Londoño,  con la Unión Temporal Alimentos Armenia  -conformada por la Fundación CONCIVICA – Fundación Fomento Social-, por valor de $3.686 millones, para la prestación del servicio de alimentación escolar.

El Municipio de Armenia indica que realizó estudio de precios y condiciones del mercado que arrojaron un promedio de costo por ración similar al que establece el Ministerio de Educación Nacional, es decir, $971 para desayuno y/o refrigerio, y $1.320 para almuerzo. Sin embargo, en los estudios previos del proceso señala que el cálculo del valor promedio de desayuno fue de $1.097 y el de almuerzo $1.819.

El mayor valor resulta de comparar los valores definidos por el municipio ($1.097 y $1.819) con los que pagó el Ministerio de Educación Nacional ($971 y $1.320), para refrigerio industrializado y/o desayuno y almuerzo respectivamente en el Municipio de Armenia y en el Departamento del Quindío en la vigencia 2015.

Para la CGR, no existe justificación alguna para que en la misma región, en las mismas condiciones económicas, sociales, culturales, climatológicas y de distancia, el Municipio de Armenia pague las raciones a mayor valor de lo que pagó el Ministerio de Educación Nacional durante la misma época. Pese al valor adicional  pagado por ración, no se evidencio mejora o cualificación de la minuta establecida por el MEN.

Por lo anterior, la administración municipal canceló al operador un mayor valor por $906.669.112 al contratar las raciones por encima del valor establecido por el Ministerio de Educación Nacional.

Traslado a Procuraduría

Con esta contratación se vulneraron los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales, dando origen a un daño patrimonial al Estado, según lo consagrado en el artículo 6 de la Ley 610 de 2000.

La Contraloría General de la República evidenció inobservancia de los lineamientos técnicos administrativos y los estándares definidos por el Ministerio de Educación Nacional, para la contratación del Programa de Alimentación Escolar –PAE, que son de obligatorio cumplimiento.

Este hallazgo no solo tiene incidencia fiscal, también disciplinaria, por lo que la Contraloría dio traslado del mismo a la Procuraduría General de la Nación.

Para la época de los hechos la representante legal del municipio de Armenia era Luz Piedad Valencia Franco, alcalde electa para el período electoral 2012-2015, y el Secretario de Educación, Alvaro Arías Vásquez.