El escándalo se destapó con el llamado a juicio fiscal de 21 Magistrados Auxiliares del Consejo Superior de la Judicatura.

Dentro de la investigación por el llamado ‘carrusel de pensiones’, la Contraloría General examina los regímenes especiales que favorecen con pensiones altas a la Rama Judicial y otros altos funcionarios, en detrimento del erario, manifestó ayer la jefe de esa entidad Sandra Morelli.
Este año la Contraloría “tiene planeado examinar todas las pensiones de magistrados, dignatarios que se salieron de la legalidad o que no corresponden al cálculo actuarial. Cuando tengamos ese estimado, la Contraloría formulará las recomendaciones”, declaró Morelli a RCN La Radio.
La Contralora agregó que “en el caso de los regímenes especiales se mirará cuál ha sido el impacto económico en concreto y aplicará los correctivos, incluso, llegado el caso, ordenará la rebaja de la pensión de ser el caso”.
La investigación que ha adelantado la Contraloría sobre el llamado ‘carrusel de las pensiones’ hasta ahora ha identificado 70 casos de funcionarios de la Rama Judicial que han sido promovidos por poco tiempo a Magistrados Auxiliares para elevar su ingreso y quedarse con una pensión que no concuerda con los aportes hechos, anotó Morelli.
Como lo publicó oportunamente EL NUEVO SIGLO, el viernes el ministro del Interior Germán Vargas expresó que considera inaceptable que, en un país donde muchos ciudadanos carecen de una pensión, haya decenas de personas del Consejo Superior de la Judicatura que, en tiempo récord, avanzaron en el ajuste de sus pensiones por medio de decisiones jurisprudenciales, como lo denunció la Contraloría.
El llamado a juicio por responsabilidad fiscal a 21 Magistrados obedece a hallazgos que indican que de 2001 a 2010 fueron nombrados varios juristas auxiliares en el Consejo Superior de la Judicatura que le generaron al país costos por encima de 13.000 millones de pesos en reajustes pensiónales.
Vargas manifestó que en este caso es urgente establecer quiénes son los responsables de este carrusel para no comprometer el nombre de todos los magistrados, pero insistió en que es muy grave que quienes deben administrar justicia utilicen un sistema para defraudar al Estado, según lo denunciado por la Contraloría.
“Es inconcebible que se haya utilizado la figura de nombramientos discrecionales de algunos magistrados para que personas, por dos meses, hayan reajustado sus pensiones. Ese es un derecho que hoy ningún colombiano lo tiene”, aseveró Vargas.
El jefe de la cartera política agregó que esta situación amerita que se tomen acciones de fondo, por lo que el Gobierno Nacional viene estudiando una reforma al Sistema General de Pensiones que permita acabar con estos abusos en todos los niveles.
El ministro de Justicia y del Derecho Juan Carlos Esguerra sostuvo que será el Congreso el que defina la suerte del Consejo Superior de la Judicatura dentro del debate al proyecto de reforma constitucional a la justicia.
“Mi posición es la que tenía el Gobierno al comienzo: yo pienso que el Consejo de la Judicatura ha resultado, lo digo con todo respeto, inferior a las expectativas, inferior a lo que se creyó y a lo que se concibió en la Asamblea Nacional Constituyente”, aseguró el alto funcionario.
El ministro Esguerra agregó sin embargo que “el tema está en manos del Congreso de la República. Esperemos a que se reabran una vez más las sesiones del Congreso el 16 de marzo. Vamos a ver qué impacto tienen estos episodios en la investigación que se desarrolle y qué sale de ahí”.
Con nombre propio, el presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura Néstor Raúl Correa señaló que 30 por ciento del llamado carrusel de las pensiones en esa corporación se concentra en los juristas Julia Emma Garzón, Henry Villarraga y Ovidio Claros.
“En cuanto al resultado mismo de la investigación, sólo hay palabras de tristeza y desolación frente a una situación tan lamentable. La Rama Judicial debería dar ejemplo ético, porque somos los operadores de justicia. Y si da ejemplo de lo contrario, el mal es doble”, señaló Correa.
El magistrado Correa sostuvo que el debate no debe girar en torno a la abolición del Consejo Superior de la Judicatura: “Se ha dicho del Congreso que el 35 por ciento tenía vínculos con el paramilitarismo, y no se cerró”.
El magistrado Villarraga, presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, aseguró que por lo menos 90 por ciento de los auxiliares que se mencionan como pensionados con muy poco tiempo de trabajo, no solo no lo han hecho porque no cuentan con las semanas ni la edad, sino que han acumulado mucho más tiempo de labores que lo que allí se afirma.
Villarraga insistió en que esos nombramientos se han ajustado a la ley y a las necesidades que vienen surgiendo en cada despacho, a fin de atender sus compromisos a la hora de impartir justicia.