Insistiendo en el riesgo que sigue representando para las finanzas públicas la ejecución del crédito de US$10 millones que contrató el Gobierno con el BID para apoyar la implementación de la Política Nacional de Seguridad Vial, la Contraloría General de la República anunció hoy que realizará una Actuación Especial de Fiscalización sobre la destinación y manejo de los recursos públicos involucrados.

A mediados de marzo pasado, la Contralora Sandra Morelli Rico emitió un Control de Advertencia señalando a los Ministerios de Transporte y de Hacienda y Crédito Público el riesgo antes anotado.

La CGR considera que el costo del servicio de la deuda, constituiría un gasto ineficaz, innecesario e inoportuno, dado que la Ley 1702 de 2013, por la cual se crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial, establece una nueva estructura institucional y técnica para la gestión de la política pública de seguridad vial y asigna recursos específicos a través del creado Fondo Nacional de Seguridad Vial para implementar  la misma.

Para la Contraloría, el riesgo expuesto en esta Función de Advertencia persiste luego de evaluar las respuestas que se recibieron de los Ministerios de Transporte y de Hacienda y Crédito Público.

La Actuación Especial de Fiscalización sobre este contrato de crédito externo por US$10 millones y la correcta inversión de estos recursos será adelantada, en forma conjunta, por la Contralorías Delegadas de Infraestructura Física y de Gestión Pública e Instituciones Financieras.

Se trata de verificar la adecuada destinación, administración y manejo de los recursos públicos involucrados en el mencionado contrato. Es una acción de control fiscal breve y sumaria, que será asumido por un equipo de trabajo que reúne a funcionarios de distintas profesiones.