La presidenta de la Comisión de Asuntos Militares del Congreso, la senadora Alexandra Moreno, anunció la realización de un debate de control político al Ministerio de Defensa y al Gobierno por el caso del caso del general (R) Mauricio Santoyo. La Senadora considera que es necesario hacer un “completo revolcón” a la forma en la que el Gobierno y el Congreso autorizan los ascensos de los militares, y dijo que ya han tenido varias discrepancias por la forma en que se tramitan los ascensos en la Comisión.

Analizan propuesta minera

El  representante a la Cámara, César Franco, ha estado estudiando una propuesta que hizo la U. de Medellín para la exclusión del mercurio de la explotación minera artesanal y se cambie por una alternativa tecnológica. “Si se llegara a usar esta tecnología sería la solución a diferentes problemas, además que la propuesta cuenta con validez científica. Para el medio ambiente sería una gran ganancia dado que los reactivos que indica la técnica para utilizar, son menos agresivos, ya que se usan en pequeñas cantidades y son biodegradables”, dijo Franco.

Audiencia en Caloto

Para analizar la situación de los Derechos Humanos en el municipio de Caloto, Cauca, el viernes se realizará una Audiencia Pública donde además se espera discutir las garantías de integridad que tiene la población y se busca crear una agenda de desarrollo para aquellas localidades que se encuentran en medio de constantes operaciones militares y la presencia activa de grupos al margen de la ley. La reunión se realizará a partir de las ocho de la mañana en la plaza principal de Caloto.

Salvavidas a agricultores

Fue radicada en el Congreso una iniciativa que autorizar al Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro) adquiera el 95 por ciento de la cartera crediticia que hayan adquiridas los algodoneros y maiceros de los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar, Tolima y Huila, hasta junio 30 de 2012, según explicó el senador Bernardo Elías. El resto de la deuda sería asumida por el agricultor, quien tendría hasta 10 años para cancelarla.