La prórroga del contrato de mantenimiento de las motocicletas de la Policía Metropolitana y de la Décima Tercera Brigada del Ejército, suscrito en noviembre de 2012 con la sociedad Autoexpress Morato por 3.449 millones de pesos, fue anunciada por la Administración distrital poco después de que el contralor Diego Ardila advirtiera sobre irregularidades en su ejecución.

En un escueto comunicado, la gerencia del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá (FVS) aclaró que el contrato no se encuentra vencido: “Con el propósito de dar continuidad en el mantenimiento adecuado y oportuno a dichos vehículos, el pasado viernes 26 de julio el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá efectuó una prórroga al contrato 763 de 2012, que garantiza el mantenimiento de los vehículos hasta el 26 de septiembre”.

Según Ardila, los recursos disponibles solo alcanzan hasta la primera semana de agosto y no se ha dado inicio al nuevo proceso contractual, con lo cual se pondría en riesgo la seguridad de la población, al quedar la Policía sin las motocicletas necesarias para velar por la seguridad de los capitalinos.

El FVS en 2012 suscribió el contrato para el mantenimiento preventivo y correctivo, con suministro de repuestos e insumos de las 2.226 motocicletas al servicio de la Policía Metropolitana y de la Décima Tercera Brigada del Ejército, por 2.713 millones de pesos.

El plazo de ejecución inicialmente era de 7 meses y culminaba el 27 de junio de 2013, no obstante, fue objeto de prórroga por un mes más y de adición en cuantía de 1.356 millones de pesos, para un total de 4.070 millones de pesos.

El plazo inicial de ejecución del contrato vencía el pasado 28 de junio; no obstante, para el día 19 del mismo mes y año, su valor se había superado, como quiera que las facturas ascendieron a 3.088 millones de pesos, presentando así una sobre-ejecución de más de 374 millones, dado que el valor inicial era de 2.713 millones.

Según el contralor Ardila, el contrato fue prorrogado hasta el domingo 28 de julio de 2013 y adicionado en el 50%, esto es, en 1.356 millones de pesos; pero para el 19 de junio, es decir 9 días antes de tomar tal decisión, el saldo por ejecutar era sólo de 982 millones de pesos, lo que probaría la falta de control y seguimiento a los gastos.

Es así como en el presente caso, la ausencia de control en la ejecución de los recursos del contrato, eventualmente puede poner en riesgo la seguridad de la población, como quiera que el saldo por ejecutar es insuficiente si se tiene en cuenta que los promedios de facturación mensual para febrero de 2013 fueron de más de 1.179 millones de pesos y para los meses subsiguientes de 636 millones de pesos; lo cual significa que  después de cancelar la facturación correspondiente al mes de julio, sólo quedarían por ejecutar 345,6 millones de pesos, que alcanzarían escasamente para 15 días más, esto es hasta el próximo 3 de agosto.

Para el contralor Ardila, es preocupante la reincidencia del FVS en la falta de oportunidad y planeación en el inicio de los procesos contractuales, tal como lo evidenció recientemente este organismo de control en las irregularidades similares que tuvieron lugar en la ejecución del contrato No. 393 de 2012, para el suministro de combustible al parque automotor de la Policía y el Ejército.

Frente a estos hechos, el jefe del ente de control le solicitó a la Administración distrital tomar las medidas necesarias que garanticen la prestación del servicio para la seguridad de los bogotanos.