El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se erigió esta semana como el más fuerte denunciante de la crisis que atraviesa Venezuela por cuenta del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Y lo hizo al más alto nivel posible, al punto que no sólo produjo un informe de 132 páginas describiendo de manera puntual la grave situación que atraviesan millones de venezolanos no solo por cuenta de la crisis política e institucional, la escasez de alimentos, medicamentos y víveres de primera necesidad, una economía quebrada y altos índices de inseguridad, sino por la forma en que el chavismo, desde todos los niveles institucionales, reprime a sus contradictores.

Y no se quedó allí. El Secretario General convocó a una "sesión urgente" del Consejo Permanente de la entidad para discutir la situación en Venezuela, invocando la Carta Democrática Interamericana, para que se analice la "alteración del orden constitucional" en Venezuela y cómo se afecta gravemente "el orden democrático" en ese país.

"La crisis institucional de Venezuela demanda cambios inmediatos en las acciones del Poder Ejecutivo", señaló Almagro, "a riesgo de caer en forma inmediata en una situación de ilegitimidad".

Para el secretario general de la OEA, "no existe posibilidad de normalidad democrática en Venezuela sin la necesaria disposición a la cohabitación y convivencia entre Gobierno, partidos políticos, actores sociales y la sociedad venezolana en su más amplia concepción".

Su propuesta de estudiar la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela, recibió una respuesta destemplada y grosera por parte del presidente Nicolás Maduro, en tanto que la oposición agradeció que la OEA dejara atrás su postura pasiva ante la grave crisis que atraviesa ese país. A nivel latinoamericano mientras varios expresidentes respaldaron a Almagro, gobiernos afines al chavismo replicaron que había una intención intervencionista del ente continental.

El miércoles la asamblea de embajadores de todos los estados miembro, reunida en Washington, analizó la propuesta de Almagro, y si bien es cierto que la sesión oficial respecto a la petición de activar la Carta Democrática se realizará a mediados del mes, hubo decisiones ante la difícil coyuntura en ese país.

Tras esa asamblea se adoptó una declaración -calificada por los expertos como “dócil” y “muy diplomática”- de apoyo a un diálogo en Venezuela, lo que fue entendido como una decisión intermedia frente a la petición de Almagro. Es  decir que si bien no se alineó con su postura abiertamente crítica, tampoco hizo eco a los países que pedían un respaldo al gobierno Maduro.

Con el consenso de los 34 países miembros, la OEA acordó un texto propuesto por Argentina que insta a un "diálogo abierto" entre el gobierno Maduro y el Parlamento dominado por la oposición.

La declaración también apoyó la mediación liderada por los exmandatarios de España, José Luis Rodríguez Zapatero; República Dominicana, Leonel Fernández; y Panamá, Martín Torrijos, y otras iniciativas que conduzcan "de manera oportuna, pronta y efectiva a la solución de las diferencias" en Venezuela.

Lo cierto es que todo ello quedó en vilo al cierre de la semana, toda vez que el Tribunal Nacional Electoral continuó dilatando la definición del futuro del referendo revocatorio./ EL NUEVO SIGLO/AFP