Una vez más se prende la controversia sobre cómo enfrentar el flagelo del narcotráfico. Partidarios de seguir su combate y quienes consideran que urge una nueva óptica, miden tesis. Aquí un profundo, serio y objetivo análisis, exclusivo para EL NUEVO SIGLO, del Instituto de Estudios Geoestratégicos y Asuntos Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada (*) sobre las ‘armas’ argumentales de cada bando
EL DEBATE sobre la “guerra contra las drogas” sigue abierto. Mientras se insiste sobre la urgente necesidad de analizar nuevas e innovadoras estrategias que permitan enfrentar en forma más adecuada el tráfico de estupefacientes, reaviva aquella irresuelta discusión en la cual se contraponen, por una parte, las imperantes tesis prohibicionistas que penalizan y condenan esta práctica, y por la otra, los planteamientos de quienes abogan por una flexibilización que conduzca a su legalización y despenalización.
La importancia y trascendencia de esta controversia es innegable. Por tal razón, el Instituto de Estudios Geoestratégicos y Asuntos Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada abocó a la tarea de construir un documento que en lo fundamental recoja y enuncie en forma objetiva, los principales argumentos de las partes enfrentadas, sin comprometerse ni apologizar hacia alguna de ellas, sino por el contrario, ofrecerle al lector un texto sólo informativo que esencialmente, le ofrezca las herramientas suficientes a partir de las cuales pueda formarse un criterio informado.
<INTERTIT>Salvedad necesaria
<BODY TEXT>Es pertinente efectuar una previa y obligada distinción entre los conceptos “legalización” y “despenalización”, que como acertadamente lo señala Germán Guillén López, se emplean indistinta y equivocadamente como sinónimos, desconociendo que son conceptos totalmente disímiles.
En tal sentido, la legalización se refiere al hecho de conceder o afirmar un estado legal o de legalidad, esto es, que un objeto o cosa sea reconocido o prescrito positivamente por la ley. Por el contrario, la despenalización alude a la acción de cesar en la aplicación de una pena o castigo que se había previsto como sanción para un delito que en lo fundamental, consiste en una acción u omisión.
Vemos entonces, que mientras la legalidad o ilegalidad califica a un objeto o cosa, la penalización se aplica no a esos objetos o cosas, sino a actos o actuaciones específicas que se consideran punibles o fuera de la ley. De allí
que resulte un error, referirse a la “despenalización de las drogas”, porque es más acertado hablar de “legalización de las drogas”, pues como tales, estas sustancias no están penalizadas, lo que por el contrario sí ocurre con cada actividad distinta relacionadas con aquéllas, a saber: la producción, el transporte, la posesión y/o el consumo. Por lo tanto, estas acciones sí podrían llegar a ser despenalizadas, bien sea en su totalidad o apenas parcialmente
Balance para debate
Las cifras señalan como un hecho incontrovertible, que la estrategia antidroga desplegada en la mayor parte del mundo, no ha alcanzado los resultados esperados. Tal como lo señala Germán Guillén López: “Si se considera los resultados obtenidos, no cabe duda de que la prohibición mundial de estupefacientes aún evidencia una gran ineficacia; pues no ha impedido el incremento progresivo de la producción, el tráfico y el consumo de tales sustancias”.
Es evidente entonces, que la fuerte prohibición legal, los múltiples controles y acuerdos internacionales ni la enérgica y extensa persecución contra el tráfico de drogas ilícitas, han logrado frenar el crecimiento progresivo de un negocio ilegal que parece imposible de desmontar.
Esta apreciación crítica se interpreta en distinta forma, de acuerdo con la perspectiva que se tenga.
Es así como para los promotores de la “legalización”, se constituye en indiscutible señal de un rotundo “fracaso” que debe motivar una reconsideración y reevaluación del problema de las drogas ilícitas, y un radical cambio en la forma de enfrentarlo.
Por su parte, los defensores del “prohibicionismo”, de acuerdo con su mayor o menor nivel de aceptación de los cuestionamientos a los resultados de la estrategia, consideran que debe revisarse algunos de los elementos y fundamentos de la política e introducir algunos cambios que la flexibilicen sin desmotarla o radicalizarla, robusteciendo y reforzando sus controles y medidas.
A favor
Si existe un rasgo común entre quienes en distinta forma, promueven la legalización de las drogas y/o la despenalización de las actividades relacionadas con ellas, es fundamental asumir una lectura crítica y cuestionable respecto de la estrategia “prohibicionista” antidrogas y los modestos resultados que ha alcanzado desde su implementación. Por lo demás, sus planteamientos se sustentan en una amplia gama temática que van desde consideraciones éticas que apuntan a la defensa y promoción de libertades individuales, hasta las economicistas que se concentran en señalar los exorbitantes costos económicos y sociales que se han asumido y generado por cuenta de la “guerra contra las drogas”
De acuerdo con Fernández Velasco (5), la revisión de los principales argumentos permiten agrupar a los promotores de la legalización en:
a) “Los que piensan que la legalización acabaría con el narcotráfico y los delitos que provoca;
b) Los defensores del derecho individual a decidir si se consume o no drogas;
c) Los que opinan que las drogas prohibidas no son tan malas como se advierte por los gobiernos;
d) Los que han utilizado drogas prohibidas de manera ocasional y no han experimentado las consecuencias negativas del consumo;
e) Los que confían en soluciones simples para problemas complejos.
Más allá de esta clasificación, los principales argumentos que se esgrimen
son:
- La desmitificación de las drogas
La estrategia prohibicionista antidrogas ha satanizado una serie de sustancias que han estado presentes y han sido empleadas en distinta forma y con diferentes fines, durante la historia de la humanidad, sin que en algún momento previo a la época actual, llegasen a representar un peligro social. Es así como: “… Benegas Lynch sostiene que el opio aparece mencionado por Homero en la Odisea. La función del opio era hacer olvidar las penas.
Cuenta también que en América hay registros de hongos y plantas psicoactivas ya en los años 7000 a.C.”.
El cambio entre entonces y ahora, se origina a partir de la mutación en las motivaciones y condiciones sociales de su empleo. Mientras que en sociedades primitivas se revestía de misticismo y trascendencia, en la actualidad responde al afán de consumismo, individualista y hedonista que caracteriza al hombre y la sociedad contemporánea. “La droga es un problema hoy en día, no tanto por sus peculiaridades o características propias, sino más bien, por el furor de su consumo, que olvida aspectos de purificación y renuncia que fueron los que caracterizaron al consumo religioso y social que se ejecutó durante siglos en las sociedades más antiguas…”.
- El carácter moral de la prohibición:
La prohibición se ha interpretado como un ejercicio de discriminación y dominación, ejecutado por parte de una cultura que mientras condena, prohíbe y persigue a ciertas sustancias que proscribe (marihuana, cocaína, etc.), sí admite, tolera e incluso fomenta, el consumo de otras que admite socialmente (alcohol y tabaco), sin que llegue a importar que estas últimas impliquen o generen iguales o mayores peligros y daños que los atribuidos a las sustancias prohibidas.
Por ello, se habla de una doble moral por parte de una sociedad que presiona la injerencia del Estado en la vida privada de los individuos por medio de su control con el Código Penal, donde las drogas excusan y fundamentan una actitud de vigilancia y dominación. Incluso para algunos, sirven de justificación para renovar discursos legitimadores, pues: “Desde una óptica similar, tomando como referencia las culturas judeocristianas, otros autores también aluden al control de drogas como una cuestión moral donde se remplaza el sexo por las drogas…”
- El uso político de la “guerra contra las drogas”
El entramado argumental que explica y justifica la “guerra contra las drogas”, tiene la utilidad práctica de servir a otros fines políticos no necesariamente relacionados con el control de sustancias ilegales, así:
Legitima la existencia y configuración de un Estado asistencialista e interventor, diseñado específicamente para enfrentar la producción y el consumo de droga.
* Se emplea para explicar la extensión del control policial y militar sobre diversas manifestaciones sociales, no necesariamente relacionadas con drogas. Así sucedió en Bolivia, donde se justificó la fuerte represión en contra del movimiento campesino.
* Permite desviar la atención de la opinión pública, operando como cortina de humo para capotear situaciones críticas, políticas o económicas, que debiliten o amenacen la estabilidad de un gobierno, y para servir de explicación y excusa ante fracasos y problemas de gestión.
* Sin importar la calidad y cantidad de los resultados obtenidos, ellos se emplean por lo general, como sustento de campañas propagandistas encaminadas a legitimar el gobierno y su gestión, lo mismo que ampliar su margen de acción o reforzar su poder político.
* Internacionalmente y en el caso específico de los Estados Unidos, es evidente que la “guerra contra las drogas”, se ha constituido en un instrumento de presión política que sirve a diversos intereses geoestratégicos que no están relacionados con el control del tráfico de estupefacientes.
- La ineficacia del “prohibicionismo”
Para quienes promueven la legalización de las drogas y/o la despenalización de las actividades relacionadas con ellas, es más que evidente que la estrategia prohibicionista ha fracasado en forma rotunda, por lo cual debe desmontarse. Ello se demuestra que en esencia, no se ha logrado evitar que las drogas ilegales continúen a disposición de quienes las requieran y por el contrario, se ha establecido un mercado negro en donde su precio ha aumentado tangencialmente y ha favorecido el surgimiento y la consolidación de poderosas organizaciones narcotraficantes que se lucran del negocio.
Así se configura un ciclo perverso en el cual el principal afectado es el consumidor, pues: “La represión del tráfico da lugar a su vez a la cimentación de un mercado negro, a un aumento del tráfico ilegal de drogas tóxicas, por lo que la legislación debe inclinarse hacia el factor de prevención; una prevención que no es sino liberalización y concienciación progresiva en el individuo consumidor, puesto que al reprimir enviando a la cárcel al toxicómano que delinque, se está produciendo un rechazo definitivo a su rehabilitación”
- La legalidad del prohibicionismo
Como lo plantea con acierto, Fernando Velásquez: “El denominado problema de la droga, interpretado desde la postura del discurso oficial como uno de los peligros o amenazas más graves a las que se enfrenta nuestra sociedad, ha permitido que se aprueben leyes y normas que vulneran las garantías jurídicas fundamentales”. Esto es, que la esencia invasiva de la individualidad promovida por el “prohibicionismo”, entraña en sí misma, un conflicto frente a los presupuestos básicos del Estado de Derecho, particularmente en lo referente al ejercicio de las libertades individuales.
A su vez, el desarrollo normativo prohibicionista, manifestado en la penalización de muy distintas conductas y el endurecimiento de penas por cuenta de la implementación de políticas como la de “tolerancia cero”, ha conducido a las cárceles no sólo a productores, traficantes y consumidores, sino a los implicados en otros delitos conexos, generando un incremento agudo en la población reclusa, mucha de ella adicta, sin que ello haya incidido o generado una disminución al menos mínima, en el índice de consumo.
- La distinción de las drogas
La permisión social y su condescendencia respecto de la producción, tráfico, y particularmente el consumo aceptado de alcohol y tabaco, cuestionan y desvirtúan en forma tajante, los argumentos esgrimidos por quienes apoyan o promueven el “prohibicionismo”, fundamentándose en consideraciones sobre la salud pública y social.
Es evidente que aquellas “drogas legales” llegan a ser más perniciosas que las ilegales, lo cual nos lleva a plantear la necesidad de efectuar una revisión y evaluación de los criterios médicos, políticos, económicos o sociales que han fundamentado el carácter lícito o ilícito de ciertas sustancias.
- Teorías económicas de la criminalidad
Distintas investigaciones y estudios efectuados sobre la economía de las drogas ilegales, así como sobre el tráfico, las operaciones de lavado de dinero, la injerencia de los circuitos bancarios, los niveles de corrupción y el monto de sobornos, han dado suficientes luces y permiten concluir que el mercado de estupefacientes no puede ser eliminado mediante el derecho penal.
Entre otras varias razones, la esencial es que por una extraña paradoja, la prohibición genera el establecimiento y determina el funcionamiento del mercado ilegal. Es decir, la norma jurídica que se emite con la pretensión de eliminar el tráfico, posibilita el origen y define las condiciones en que las cuales se establecerá el mercado. De allí que la legalización de las drogas con la obligada tutela de los gobiernos, desincentivaría un negocio que por su ilegalidad es multimillonario, a la par que reduciría el enorme costo social y económico que en la actualidad estamos pagando.
- Consumidor como sujeto de la prohibición
Un error específico de la política “prohibicionista” es colocar en un mismo plano al consumidor y al traficante, al señalarlos como parte integral del mismo proceso que condena. En tal sentido, para los prohibicionistas, el consumidor debe ser perseguido y condenado porque es el último eslabón de la cadena del narcotráfico y por lo tanto, colaborador en un ilícito. De acuerdo con esta lógica, se busca prevenir una actividad ilegal, castigando a la víctima de la misma.
Con base en esta consideración, Iván Cachanosky nos presenta una brillante reflexión al respecto: Lamentablemente estamos acostumbrados a que aquello que el gobierno juzga como malo va a ser prohibido por ley y lo que es prohibido por ley es visto como un delito. Bajo estas circunstancias las personas que desean drogarse, por ejemplo, en su departamento privado sin siquiera salir a la calle, son considerados criminales. Si nos preguntamos cuál fue el delito, la respuesta será “haber consumido droga.” Si a continuación nos preguntamos quién fue la víctima, la respuesta es nadie, solo el individuo que consumió, y eso no pareciera ser un crimen.
- Definición y carácter del consumidor
La imagen del consumidor de drogas ilegales ha sido proyectada desde el “prohibicionismo”, por medio de prejuicios. Es así como se establece una única categoría de consumidores, a la cual pertenecen todos aquellos que alguna vez probaron una droga y que por esta razón, son proclives naturalmente a convertirse en un criminal o en un enfermo peligroso para la sociedad. Frente a este criterio, es pertinente aclarar que no todo aquel que utiliza drogas, puede catalogarse como un adicto. Debe distinguirse que existen distintos niveles de consumo que van del ocasional, pasando por el habitual, hasta finalmente llegar al adicto.
A su vez, debe considerarse que no todas las sustancias son igualmente adictivas y que el nivel de dependencia es condicionado por muy diversos factores Por otra parte, no existe una relación directa y causal, entre drogadicción y delincuencia. Si bien en efecto, muchos delincuentes consumen drogas y a su vez, muchos adictos recurren a la delincuencia para obtener los recursos para acceder a los estupefacientes, no puede establecerse un vínculo directo que relacione las dos condiciones.
- “Prohibicionismo” privilegia el asistencialismo
La política prohibicionista respecto de los consumidores de drogas, se concentran casi que exclusivamente en aquellos que presentan adicciones extremas, desconociendo así, tanto a la población en riesgo de caer en el consumo, como a quienes son consumidores habituales, pero aún no alcanzan la condición de adictos. De allí que pueda catalogarse que su carácter es prioritaria y esencialmente asistencial, y que no se concentre en la prevención que sería fundamental y protagónica en un sistema donde imperara la legalización.
- El “prohibicionismo” es costoso
Los costos económicos destinados a financiar u operativizar las legislaciones prohibicionistas son desmesurados, por cuanto: “Las actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de estupefacientes generan una gran carga de trabajo a cuerpos de policías y desbordan el trabajo en los juzgados y centros penitenciarios”.
En otras palabras, ejecutar las actividades de control implica una fuerte sobrecarga que se hace notoria en el gasto público, más aún, cuando se tiene que crear instituciones especializadas, destinadas específicamente para la lucha antidrogas o se deba ampliar entes gubernamentales.
A este respecto, resulta ilustrativo considerar que en 1972 el presupuesto que se usó para combatir las drogas fue de 101 millones de dólares. Este presupuesto hacia finales del milenio se incrementó a 17 mil millones de dólares.
Por su parte, Thomas Szasz puntualiza que en 1991 el gobierno federal tenía pensado gastar más de un billón de dólares en investigaciones sobre drogas. Según Sorman, ubicándonos en 1993, el gobierno de los Estados Unidos gasta anualmente 12 billones de dólares en la guerra contra las drogas.
- El gusto por lo prohibido
Paradójicamente, los esfuerzos prohibicionistas en su afán de restringir el mercado de las drogas, terminan incitando al consumo de los estupefacientes porque al condenarlos y satanizarlos en su discurso, muchas veces en forma desacertada, los reviste de un carácter rebelde que resulta particularmente atractivo para los jóvenes
- Legalización representa control
Para los promotores de la legalización de las drogas y/o la despenalización de las actividades relacionadas con ellas, al alcanzar sus objetivos, se obligaría al Estado no ya a enfrentar, sino a vigilar y controlar un mercado que estaría supeditado no sólo a las normas regulatorias jurídicas, sino a reglas económicas. Tal situación conllevaría necesariamente, a la imposición de un mínimo de condiciones de calidad en las sustancias, permitiendo a su vez, evitar o reducir el número de emergencias y de muertes por sobredosis.
- El grado de despenalización
Uno de los mayores obstáculos que enfrenta la promoción de la legalización de las drogas y/o la despenalización de las actividades relacionadas con ellas, es que ha sido presentada por los defensores de la prohibición como propuestas absolutas. Esto es, que se legalizarían totalmente las drogas y se despenalizarían en su conjunto, todas las actividades y acciones castigadas en la actualidad.
Frente a esta idea, es pertinente aclarar que no existen términos absolutos en la propuesta, puesto que si bien se renunciaría a la persecución de los consumidores, se continuaría la represión y persecución a productores y traficantes. De la misma forma, es claro que no todas las drogas pueden considerarse en igual forma, y que la despenalización de algunas conductas no representa un desinterés del Estado y una desatención de la autoridad al tema. Tal como lo señala Elías Neuman: Reconocer legalmente las substancias sintéticas y vegetales implica la inmediata regulación del control de ellas y de su adquisición lícita. La legalización pasaría a ser monopolio del Estado que regularía el uso de drogas, estableciendo en el caso de las adicciones en qué hospitales, sanatorios, farmacias o centros asistenciales médico sanitarios se suministraría, con un estricto control sobre la asepsia calidad y administración. Se trata de trabajar para deprimir todo vestigio de mercado ilícito, cuidar de la salud de usuarios y adictos, que merezcan protección o que la soliciten.
- Prohibicionismo o catástrofe
Por último, ante la presentación de cualquier propuesta que pretenda sustituir el “prohibicionismo”, la estrategia extrema de sus defensores es anunciar un panorama apocalíptico con resultados catastróficos. Se habla entonces, de una multiplicación en el número de adictos, de un aumento en las tasas de criminalidad, de niños dependientes o muertos por sobredosis, de un generalizado caos social, así como de otras nefastas consecuencias que surgirían por el desmonte de la prohibición.
No obstante, ya son varios los países que han optado por despenalizar el consumo, sin experimentar aquellas terribles consecuencias. Entre ellos,
Holanda es un caso paradigmático pues allí el consumo de drogas es legal desde que se realice en algunos bares o cafés autorizados y sobre unas cantidades limitadas. En este país “… a pesar de la legalización el consumo no aumentó y los índices de delitos son más bajos que en otros países donde la droga se encuentra prohibida”.
Síntesis
La estrategia antidroga demanda un enorme gasto que es asumido en distinta forma por la comunidad internacional, dentro del cual se incluyen desde recursos monetarios, pasando por los técnicos, para llegar finalmente al costo en vidas sacrificadas. La continuidad de este modelo implica necesariamente, mantener la determinación de continuar una “guerra”, cuyos caros sacrificios no se compadecen con los pobres resultados alcanzados que por demás, reiteran su rotundo fracaso Muestra de ello es que no se ha logrado impedir que las drogas sigan abasteciendo los mercados, que los controles lo único que han hecho es incrementar el precio, lo cual se constituye en un aliciente para la aparición de organizaciones cada vez más poderosas que se imponen mediante el miedo o la corrupción. Ello sin contar que los adictos son criminalizados antes que tratados, y que muchas veces, se ven obligados a cometer delitos para sufragar los costos de una sustancia sobre la cual no tienen alguna garantía de calidad.
Así las cosas, el único camino que queda es la legalización de las drogas y/o la despenalización de las actividades relacionadas con ellas o desarrollar una experiencia extrema como la referida por Iván Cachanosky: “Guy Sorman cuenta que en 1949 el partido comunista chino le declaró la guerra al opio anunciando que en dos años iban a erradicar la droga. El objetivo mandarín fue logrado, pero el costo arrasó con la propiedad privada de miles de individuos y con la vida de miles o quizás millones de personas
En contra
En contraposición con las posturas que promueven la legalización de las drogas y/o la despenalización de las actividades relacionadas con ellas, se encuentran los defensores del “prohibicionismo” que en lo fundamental, respaldan la continuidad del grueso de la estrategia antidroga hasta ahora desarrollada. Ello, por cuanto consideran que las razones y justificaciones que sustentan la propuesta de cambio son superficiales, sin algún sustento científico ni base empírica, pues responden esencialmente a un sentimiento de desesperación y frustración.
Los principales argumentos de los prohibicionistas son:
- Reconocer lo logrado
Más allá de la somera revisión de las cifras de resultados, debe considerarse y valorarse lo logrado con la política “prohibicionista” en cuanto al hecho de establecer sistemas de control a la producción, fabricación, tráfico y mercadeo de sustancias estupefacientes, así como consecuentemente con ello, el desarrollo de medidas defensivas encaminadas a la protección de la salud pública.
- El efecto único de la legalización
La eliminación de las barreras legales vigentes y con ello la liberación de la oferta, generaría como único resultado, la disminución del costo de las sustancias estupefacientes, lo cual no representaría necesariamente una pérdida de rentabilidad del negocio. Por el contrario, este continuaría siendo tan atractivo, que se operaría un cambio en su control, pues pasaría de manos de los traficantes a las de los dueños y gerentes de empresas multinacionales que lo operarían bajo los criterios y reglas del esquema de libre mercado.
- Legalización genera nuevos problemas político-criminales
El error más recurrente de quienes promueven la legalización, es pensar que al facilitar el acceso a las drogas, se lograría generar una reducción en el consumo. La simple revisión de las experiencias de Alaska y Suecia, es ilustrativa a este respecto, pues en estos Estados, lo único que se consiguió fue incrementar la cantidad de consumidores. Además, de imponerse la legalización y no efectuarse los suficientes y adecuados controles, se generaría una situación que podría conducir a que muchos consumidores “ocasionales” se convirtieran en adictos.
Si por demás, se evalúa la experiencia obtenida a partir de las llamadas “drogas legales”, tenemos que: Los datos sobre alcohol y tabaco apoyan la idea de que la legalización de las drogas conlleva un gran aumento del consumo de las drogas legales y unos costes sociales totales superiores. Estos costes añadidos se pagan principalmente en productividad perdida, enfermedad y muerte.
En los Estados Unidos, anualmente entre 125.000 y 420.000 muertes son atribuidas al alcohol y al tabaco respectivamente. Cada año se producen menos de 10.000 muertes por la combinación de todas las drogas ilegales. Los costes sociales desprendidos del consumo de alcohol en los Estados Unidos se estiman en 86 billones de dólares, mientras los costes anuales de la prohibición del consumo de drogas ilegales (incluyendo detención y encarcelamiento) son 58 billones. Los costes sociales del consumo de tabaco se estiman en 65 billones anuales. Si uno de los objetivos de la política referente a las drogas es reducir el daño social resultante del consumo de drogas, entonces el alcohol y el tabaco deberían ser prioritarios dentro de esta estrategia.
- La experiencia holandesa
Con la pretensión de impulsar la disminución de adictos, Holanda desde
1970 determinó establecer la tolerancia legal con respecto del consumo y venta de cantidades menores (5 gramos), de drogas blandas como la marihuana. Pese a ello, en la actualidad, el porcentaje de adictos es el mismo que el de otros Estados que mantienen regulaciones prohibicionistas. A ello debe agregarse que este país ha experimentado un incremento en el índice de criminalidad y debe enfrentarse al fenómeno del turismo que tiene como único propósito consumir las drogas toleradas.
Tal como lo señalan los doctores Du Pont y Voth: En los Países Bajos, un modelo internacional de la despenalización y la reducción del daño, han asociado la despenalización con un aumento del crimen y del consumo de drogas. Entre 1984 y 1992, el consumo de cannabis entre los estudiantes de los Países Bajos aumentó el 250%.
Entre 1988 y 1993, el número de adictos registrados aumentó un 22%. El número de adictos a la mariguana aumentó un 30% entre 1991 y 1993, reflejando también la descriminalización de la mariguana. Como vemos en los Estados Unidos, los daños del aumento del consumo de drogas son inferiores a los daños de solo el consumo. Desde que la política de tolerancia fue instituida en los Países Bajos, los disparos han aumentado un 40%, los asaltos han aumentado un 69% y los robos de coche un 62%32.
- La legalización y el desarrollo criminal
Otro error argumentativo que han cometido los promotores de la legalización, es considerar que la liberación de las drogas frenaría el desarrollo y consolidación de las organizaciones criminales. Ellas cuentan con una alta capacidad para transformarse y ajustarse a las nuevas condiciones del negocio, incluso acordando con otras organizaciones, la distribución del mercado o enfrentándose a ellas para establecer su absoluto control. Así mismo, con el ánimo de conservar los niveles de rentabilidad, diversificarían el mercado, abriéndolo para quienes se mantenga la prohibición (por ejemplo: menores de edad), o creando uno paralelo, similar al que existe en relación con el tabaco (contrabando)
- Rechazo de la opinión pública frente a la legalización
Uno de los aspectos fundamentales para tener en cuenta frente a la propuesta legalizadora de las drogas, es que esta iniciativa no goza de la aceptación y apoyo social mayoritario. Ejemplo de ello es lo sucedido en Suiza, en donde pese a preverse una abierta y manifiesta proclividad social, se terminó exteriorizando un rotundo rechazo a la propuesta liberadora, tal como lo evidenció el plebiscito efectuado el 29 de noviembre de 1998.
Síntesis
De prosperar las propuestas que buscan la legalización de las drogas y/o la despenalización de las actividades relacionadas con ellas, se impulsaría la agudización de varios y distintos problemas, porque se generarían condiciones que además de atentar contra la salud, la seguridad y el bienestar individual y colectivo, a un alto costo social y económico, se incrementarían la violencia y la criminalidad, mientras se afectarían la cohesión familiar y social y la productividad laboral, para finalmente no contribuir en alguna forma con la erradicación del narcotráfico y sus delitos conexos.
* Este documento forma parte de la serie Informativo del Instituto de Estudios Geoestratégicos y Asuntos Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada. Su elaboración final estuvo a cargo de los doctores León Levi Valderrama Acevedo y Jimmy Grazianni Mora Alonso, miembros de este Centro Académico.